Nacionales — 07.09.2026 —
Milei denunció a cinco petroleras por operar en Malvinas y ordenó priorizar la Base Naval en el Presupuesto 2027
La presentación judicial alcanza a compañías vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Además, el Presidente instruyó a Luis Caputo para que el proyecto de Presupuesto 2027 contemple como prioridad el desarrollo de la Base Naval Integrada.
El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, mientras que el presidente Javier Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para priorizar el desarrollo de la Base Naval Integrada en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027.
Las medidas representan un avance concreto sobre los anuncios realizados días atrás por Milei, cuando anticipó un endurecimiento de las acciones contra las compañías que operen en el área en disputa sin autorización argentina y anunció mayores recursos para avanzar con la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
Según informó la Oficina del Presidente, la denuncia fue presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
La presentación judicial alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
De acuerdo con la información difundida por el Ejecutivo, Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates contarían con licencias otorgadas por el Reino Unido para desarrollar tareas de exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
El Gobierno argentino sostiene que esas actividades violan las disposiciones de la Ley 26.659, que establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. La presentación también alcanza a los accionistas Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
La denuncia se extiende además a directores, gerentes, síndicos, miembros de consejos de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubieran tenido intervención en los hechos investigados.
“La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, señaló la Oficina del Presidente.
El Ejecutivo anticipó además que continuará con las investigaciones y las acciones que considere necesarias frente a actividades que, de acuerdo con la posición argentina, vulneren los derechos soberanos del país.
La Base Naval, prioridad para el Presupuesto 2027
En paralelo con la presentación judicial, Milei firmó una instrucción presidencial dirigida a Luis Caputo para que, durante la elaboración del proyecto de Presupuesto Nacional 2027, se otorgue prioridad al desarrollo de la Base Naval Integrada.
La indicación también comprende otros proyectos considerados estratégicos por el Ejecutivo para la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos argentinos.
El proyecto de Presupuesto 2027 deberá ser remitido al Congreso el próximo 15 de septiembre, por lo que la decisión presidencial apunta a que la iniciativa destinada a la Base Naval quede contemplada dentro de la planificación de recursos para el próximo año.
Ambas decisiones se producen pocos días después de que Milei anunciara por cadena nacional un paquete de medidas vinculadas con el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
En aquella oportunidad, el Presidente había anticipado que buscaría endurecer las sanciones contra empresas involucradas en actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina y avanzar con la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. Ahora, el Gobierno dio los primeros pasos para llevar esas medidas al terreno judicial y presupuestario.







