Diputados: la oposición busca el quórum para avanzar con los proyectos sobre morosidad y discapacidad

La oposición mantiene en pie la sesión de la Cámara de Diputados prevista para el miércoles 9 de septiembre, en la que buscará avanzar sobre dos temas que considera urgentes: la morosidad y el endeudamiento de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia vence a fin de año. Aunque el Gobierno habilitó la discusión de ambos asuntos en comisiones, los bloques opositores pretenden que el pleno establezca plazos concretos para que los proyectos avancen y confían en reunir los 129 diputados necesarios para conseguir el quórum.

La intención, en principio, no es votar los proyectos de fondo, sino emplazar a las comisiones para que definan cuándo deberán emitir dictamen. De esta manera, la oposición busca fijar desde el recinto una hoja de ruta que obligue al oficialismo a acelerar el tratamiento de iniciativas que actualmente se encuentran bajo análisis en las comisiones que preside La Libertad Avanza.

Los números, sin embargo, aparecen ajustados. Un relevamiento informal ubica a la oposición cerca de las 129 voluntades, con integrantes de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Elijo Catamarca, el Frente de Izquierda y distintos monobloques, aunque todavía no hay garantías de que todos los legisladores concurran al recinto.

Frente a ese escenario, el Gobierno busca impedir que la sesión reúna el quórum. El ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de la Cámara baja, Martín Menem, mantienen contactos con gobernadores y legisladores aliados para evitar que acompañen la convocatoria. Entre los mandatarios a los que apunta la estrategia oficial aparecen Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Ignacio Torres y Rolando Figueroa, cuyos espacios podrían resultar determinantes para definir si la oposición consigue abrir la sesión.

La estrategia del oficialismo comenzó a desplegarse la semana pasada, cuando habilitó reuniones informativas de las comisiones de Finanzas y Discapacidad y estableció un cronograma de trabajo con la promesa de avanzar hacia dictámenes antes de fin de mes. Para los bloques críticos, ese movimiento no alcanza: sospechan que el calendario puede terminar postergando la discusión y por eso buscan que los plazos sean establecidos directamente por la Cámara.

El tema también genera tensión entre la Nación y las provincias. Los gobernadores vienen reclamando por el impacto que tiene sobre sus cuentas la caída de la recaudación del IVA, uno de los principales impuestos coparticipables, y advierten que una parte importante del costo político del ajuste termina recayendo sobre las administraciones provinciales. En el caso de la discapacidad, además, sostienen que las personas que pierden cobertura nacional terminan recurriendo a hospitales y organismos provinciales, aumentando la presión sobre sistemas de salud que ya enfrentan una fuerte demanda.

Una muestra de esa posición quedó expuesta durante una reunión de la Comisión de Discapacidad, cuando la diputada neuquina Karina Maureira, alineada con el gobernador Figueroa, cuestionó las diferencias entre los valores nacionales y provinciales. Señaló que el nomenclador del Instituto de Seguridad Social del Neuquén paga un 20% más que el nacional y reclamó que la Nación encuentre una alternativa. “Si lo podemos hacer nosotros, ¿por qué no podemos hacerlo a nivel nacional?”, planteó.

Mientras tanto, el Gobierno busca trasladar parte de la discusión al Presupuesto 2027, que comenzará a tratarse en los próximos días. El oficialismo anticipa que presentará propuestas propias sobre endeudamiento y discapacidad, aunque todavía no formalizó iniciativas concretas. Silvana Giudici, de La Libertad Avanza, defendió la necesidad de elaborar “un proyecto coherente” sobre morosidad y evitar medidas que puedan, según planteó, afectar el acceso al crédito.

En el Senado también permanece pendiente una iniciativa impulsada por el Gobierno para modificar el régimen de prestaciones básicas de discapacidad. El proyecto plantea cambios en el acceso a las pensiones, entre ellos recuperar el criterio de “invalidez laboral” y excluir a quienes tengan un empleo formal, además de modificar el sistema de nomencladores y dejar los valores de las prestaciones sujetos a la negociación entre prestadores, obras sociales y empresas de medicina prepaga. La propuesta genera resistencia entre organizaciones y sectores vinculados con la discapacidad.

Con este escenario, la oposición llegará al miércoles con una tarea adicional: definir cuáles de los más de 50 proyectos vinculados con morosidad y endeudamiento buscará priorizar y conseguir las adhesiones necesarias para que los emplazamientos sean concretos. Los sectores más moderados pretenden concentrarse en iniciativas que no impliquen un costo fiscal significativo, para evitar que la discusión quede centrada exclusivamente en el impacto sobre las cuentas públicas.

La definición política quedará concentrada en las próximas horas. Entre este lunes y el martes, los bloques opositores terminarán de negociar el listado de proyectos y las voluntades necesarias para abrir el recinto, mientras el oficialismo intensificará sus contactos para evitar que los 129 diputados se sienten en sus bancas. La pelea por el quórum será, así, el primer capítulo de una jornada en la que el Congreso volverá a convertirse en el escenario de una disputa entre el Gobierno y la oposición por la agenda legislativa.