Emergencia en discapacidad: la Cámara de Diputados aprobó el proyecto y pasa al Senado

La Cámara de Diputados de la Nación dio este jueves media sanción al proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa fue aprobada con 148 votos afirmativos, 71 negativos y 3 abstenciones, y ahora será girada al Senado para su tratamiento.

El proyecto, impulsado por bloques de la oposición y con dictamen de mayoría firmado por el diputado Daniel Arroyo, establece una serie de medidas legislativas, administrativas y presupuestarias destinadas a garantizar y fortalecer los derechos de las personas con discapacidad.

Entre sus principales puntos, la ley contempla:

• Reforzar las pensiones no contributivas por invalidez, fijándolas en el 70% del haber mínimo jubilatorio y compatibilizándolas con empleos formales, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos.

• Actualizar mensualmente los aranceles de prestadores de servicios según el índice de precios al consumidor (IPC) informado por el INDEC, con retroactividad a noviembre de 2023.

• Establecer una compensación de emergencia por la diferencia entre los incrementos otorgados en 2024 y la inflación acumulada en el mismo período.

• Regularizar deudas fiscales y de seguridad social de prestadores mediante la condonación de intereses, multas y sanciones, y la refinanciación de planes de pago.

• Garantizar el financiamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y sus programas vinculados a salud, accesibilidad e inclusión.

• Implementar un régimen de inclusión laboral con beneficios fiscales para empleadores que contraten personas con discapacidad.

Además, se prevé la plena implementación de la Ley 26.816, que regula el régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad.

Durante el debate, los diputados que apoyaron la iniciativa destacaron la necesidad de dar una respuesta urgente a las problemáticas del sector, entre ellas la falta de actualización de los valores percibidos por los prestadores y las dificultades de acceso a servicios básicos.

Desde el oficialismo y otros bloques se manifestaron en contra, advirtiendo sobre el impacto fiscal de la medida —estimado entre el 0,22% y 0,42% del PBI— y señalaron que podría comprometer el equilibrio presupuestario. También se expresó preocupación por la falta de precisiones sobre la financiación.

Ahora el proyecto debe ser tratado en el Senado, donde continuará el debate legislativo.