Diputados dio media sanción a la Ley de Discapacidad tras un acuerdo entre oficialismo y oposición

La Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción a la nueva Ley de Discapacidad, luego de un acuerdo alcanzado entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria y bloques dialoguistas que permitió reunir una amplia mayoría. El proyecto obtuvo 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones y ahora será girado al Senado para su tratamiento.

El entendimiento se alcanzó durante la propia jornada de debate, después de varias horas de negociaciones entre los distintos bloques y representantes de organizaciones vinculadas a la discapacidad. Unión por la Patria decidió finalmente acompañar el dictamen oficialista ante la falta de votos suficientes para avanzar con su propuesta de prorrogar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

El texto aprobado se denomina "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad" y toma buena parte de los beneficios contemplados en la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, aunque modifica su carácter: en lugar de mantener una situación de emergencia y transitoriedad, establece un régimen permanente y de orden público.

Entre los principales puntos acordados se mantiene la compatibilidad entre las pensiones por discapacidad y el trabajo formal o el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. También se conserva el principio de nomenclador único y se establece la actualización periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución de los precios.

Otro de los puntos incorporados es la garantía de cobertura básica de salud a través del Plan Federal Incluir Salud para los beneficiarios de las pensiones por discapacidad. Desde la oposición también destacaron que el texto amplía esta cobertura a titulares de pensiones por invalidez laboral.

En materia presupuestaria, el proyecto establece que la asignación destinada al área de Salud no podrá ser inferior en términos reales a la del ejercicio anterior. Además, incorpora una cláusula transitoria para establecer un cronograma de pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores, cuya reglamentación deberá realizarse en un plazo máximo de 30 días.

La iniciativa también contempla un sistema de auditorías periódicas y cruces de información entre organismos como ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. Para los beneficiarios cuyos casos presenten inconsistencias, se estableció un período de 160 días para realizar su descargo antes de una eventual suspensión del beneficio.

Un acuerdo que modificó la estrategia de la oposición

El acompañamiento de Unión por la Patria se produjo después de que sus legisladores mantuvieran reuniones con organizaciones del sector durante la jornada. El diputado Juan Marino explicó que el bloque evaluó que no contaba con los votos necesarios para prorrogar la emergencia y decidió negociar modificaciones sobre el dictamen que sí podía ser aprobado.

Según planteó, el objetivo fue evitar retrocesos y conseguir que el nuevo texto incorporara la mayor cantidad posible de las demandas planteadas por las organizaciones de personas con discapacidad.

En esa línea, Victoria Tolosa Paz destacó como uno de los cambios alcanzados la extensión de la cobertura de Incluir Salud y la compatibilidad entre las pensiones por discapacidad y las asignaciones familiares.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, también valoró el acuerdo y sostuvo que el 75% de los contenidos de la Ley de Emergencia quedó incorporado al nuevo proyecto, aunque consideró que la norma todavía puede ser perfeccionada.

Desde el oficialismo, el diputado Gerardo Huesen defendió el proyecto como una alternativa para dejar atrás un esquema basado en sucesivas prórrogas de la emergencia. Sostuvo que el nuevo régimen busca establecer reglas permanentes, previsibilidad y mecanismos de financiamiento y control, y afirmó que las personas con discapacidad no deberían depender de renovaciones periódicas de una declaración de emergencia para acceder a sus derechos.

Críticas de sectores opositores

Aunque el acuerdo permitió una amplia mayoría, no todos los sectores de la oposición acompañaron el proyecto. El Frente de Izquierda anunció su rechazo. Romina del Plá cuestionó el entendimiento entre el oficialismo y otros bloques y puso en duda que el Gobierno vaya a garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas aprobadas.

También se expresó en contra Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, quien reclamó que el proyecto regresara a comisiones y cuestionó la falta de garantías sobre el financiamiento previsto en el Presupuesto.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, en cambio, acompañó el dictamen y valoró el trabajo realizado para alcanzar un acuerdo, aunque cuestionó la política del Gobierno hacia el sector de la discapacidad y reclamó que el Senado avance rápidamente con la sanción definitiva.

La votación terminó así con una de las mayores mayorías de la jornada en Diputados, producto de un acuerdo que permitió al oficialismo evitar una nueva prórroga de la emergencia y, al mismo tiempo, incorporar buena parte de las prestaciones y derechos reclamados por las organizaciones.

Ahora, el proyecto deberá ser tratado por el Senado, donde continuará el debate sobre el alcance de la nueva normativa y su implementación.