La Justicia declaró la quiebra de Algodonera Avellaneda: incertidumbre por el futuro de 360 trabajadores

La Justicia declaró la quiebra de Algodonera Avellaneda, la empresa textil vinculada al grupo Vicentin que funciona en Reconquista, luego de que fracasaran las negociaciones con los acreedores y venciera el plazo de salvataje sin que se presentaran interesados en hacerse cargo de la compañía. La decisión fue tomada este miércoles por el juez Fabián Lorenzini, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de esa ciudad.

La principal preocupación pasa ahora por el futuro de unos 360 puestos de trabajo. Si bien la quiebra abre una nueva etapa judicial, la resolución dejó abierta la posibilidad de mantener transitoriamente la producción mientras se avanza con la venta de la empresa, con el objetivo de preservar las fuentes laborales y evitar que los activos pierdan valor.

El proceso de salvataje había vencido el 5 de octubre sin que se registraran ofertas de otras empresas, acreedores o cooperativas de trabajadores. A su vez, Algodonera Avellaneda no había logrado reunir los acuerdos necesarios para presentar una propuesta de pago viable a sus acreedores, por lo que el magistrado resolvió declarar la quiebra.

La situación financiera de la compañía es crítica. Según la resolución judicial, las deudas financieras verificadas superan los 260 millones de dólares, a lo que se suman compromisos en pesos y obligaciones generadas después de la apertura del concurso preventivo. Estas últimas superan los 6.000 millones de pesos y corresponden a gastos de funcionamiento, servicios e impuestos que la firma no pudo afrontar.

Uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo fue la posición del Banco Nación, que concentra más del 80% de la deuda considerada para aprobar la propuesta de pago. Esos compromisos se originaron en garantías otorgadas por Algodonera Avellaneda a favor de Vicentin. El planteo de la empresa para excluir al banco de la votación fue rechazado por el juez en septiembre.

En su resolución, Lorenzini sostuvo que no existían condiciones legales para seguir extendiendo los plazos del concurso preventivo y advirtió que prolongar el proceso podía agravar el deterioro patrimonial de la compañía y reducir el valor de sus activos.

Sin embargo, la quiebra no implica necesariamente el cierre inmediato de la planta. El juez dispuso que se evalúe la posibilidad de sostener las operaciones durante un período transitorio, mientras se organiza la venta de la empresa en funcionamiento o de sus distintas unidades de negocio.

Para analizar esa alternativa, los síndicos deberán presentar un informe sobre los costos e ingresos previstos, la cantidad de trabajadores necesarios y la administración de los recursos. La continuidad dependerá de la viabilidad económica de la actividad y de las condiciones que se establezcan durante el proceso judicial.

El magistrado advirtió sobre las consecuencias sociales de una paralización abrupta y señaló que el cierre de las instalaciones podría provocar la pérdida de cientos de empleos directos e indirectos en la región. También consideró que mantener la fábrica operativa, con su maquinaria en condiciones y sus circuitos comerciales activos, podría favorecer una futura venta y preservar mejor el valor de los bienes.

Durante los últimos meses, la empresa había sostenido parte de su actividad mediante trabajos para terceros, bajo la modalidad conocida como fazón, que consiste en elaborar productos por encargo de otras compañías.

Como parte de las medidas dispuestas, la administración de los bienes de Algodonera Avellaneda quedará en manos de los síndicos, quienes deberán tomar el control de las instalaciones, la maquinaria y la documentación. El juez también estableció restricciones para los integrantes del directorio, que no podrán salir del país sin autorización judicial y quedarán inhabilitados para ejercer sus funciones.

El proceso continuará con el análisis de las alternativas de venta: podrá buscarse un comprador para la empresa en funcionamiento, para sus unidades de negocio o, si resulta más conveniente para atender las deudas, para sus bienes por separado.

En ese marco, Lorenzini convocó a una audiencia informativa para el jueves 22 de octubre, a las 8.30, en los tribunales de Reconquista, con la participación de acreedores, trabajadores y otros interesados. El encuentro servirá para informar sobre la declaración de quiebra y los próximos pasos judiciales, en un escenario en el que el futuro de la actividad industrial y de los cerca de 360 empleos dependerá de las decisiones que se adopten durante esta nueva etapa.