Provinciales — 16.09.2026 —
Polémica por los fondos del IAPOS: diputados cuestionan una transferencia de hasta $57.000 millones
Distintos legisladores presentaron iniciativas para pedir explicaciones al gobierno provincial tras la firma del Decreto 1878/26, que dispuso modificaciones presupuestarias en la obra social. Apuntan a conocer el destino de los recursos y plantean que el dinero del Servicio Complementario permanezca afectado a las prestaciones de los afiliados.
El decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro que habilita la transferencia de hasta $57.000 millones del IAPOS a recursos de libre disponibilidad de la administración provincial generó cuestionamientos y nuevos pedidos de explicaciones en la Legislatura santafesina. Distintos diputados presentaron iniciativas para reclamar precisiones sobre el destino de esos fondos y plantear que los recursos vinculados al Servicio Complementario de la obra social permanezcan afectados a las prestaciones de los afiliados.
La discusión se originó a partir del Decreto N.º 1878/2026, que dispuso modificaciones presupuestarias en el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) y autorizó el traspaso de hasta $57.000 millones en concepto de recursos de libre disponibilidad. La medida fue cuestionada públicamente por distintos sectores vinculados a los afiliados de la obra social y también por legisladores provinciales y nacionales.
En ese marco, el diputado provincial Miguel Rabbia presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para conocer los alcances de la modificación presupuestaria y reclamó explicaciones sobre el destino de los fondos. Su planteo sostiene que se trata de recursos originados en el Servicio Complementario del IAPOS, un régimen de cobertura adicional financiado mediante aportes de los afiliados.
Rabbia también cuestionó que los fondos puedan ser destinados a recursos de libre disponibilidad de la administración central mientras persisten, según su planteo, dificultades en el funcionamiento de la obra social. En ese sentido, mencionó reclamos por honorarios profesionales, dificultades para acceder a turnos, reducción de coberturas y denuncias por cobro indebido de plus como parte del contexto en el que se produce la decisión.
Por su parte, el diputado provincial Fabián Palo Oliver, junto a Claudia Balagué y Carlos Del Frade, presentó un proyecto de comunicación en el que solicita al Poder Ejecutivo que reintegre los fondos correspondientes al Servicio Complementario y que adopte medidas para garantizar que los mayores ingresos obtenidos por el IAPOS a partir de la Disposición 23/2025 sean destinados exclusivamente a mejorar las prestaciones vinculadas con ese servicio.
El proyecto recuerda que en mayo de 2025 los legisladores habían cuestionado la Disposición 23/2025, mediante la cual el IAPOS modificó la forma de calcular el aporte correspondiente al Servicio Complementario, pasando de un monto fijo a una proporción de los salarios. Según los fundamentos de la iniciativa, ese cambio produjo aumentos que en determinados casos llegaron al 100% y hasta el 150%.
A partir de la nueva modificación presupuestaria, Palo Oliver, Balagué y Del Frade plantean que la existencia de fondos que pueden ser transferidos a la administración central genera interrogantes sobre el nivel de recursos que actualmente recauda el Servicio Complementario y sobre el destino que reciben esos aportes.
En concreto, la iniciativa reclama que los $57.000 millones autorizados sean restituidos al IAPOS y afectados al funcionamiento del Servicio Complementario, con el objetivo de que esos recursos se traduzcan en mayores prestaciones para los afiliados. También pide que los mayores ingresos derivados de la modificación aplicada en 2025 sean destinados específicamente a mejorar los servicios de salud.
La controversia se suma a otros reclamos sobre el funcionamiento de la obra social provincial. Desde AMSAFE Las Colonias, por ejemplo, también manifestaron preocupación por el Decreto 1878/2026 y reclamaron que los recursos del IAPOS sean destinados a garantizar las prestaciones de salud de sus afiliados.
De esta manera, la transferencia de hasta $57.000 millones abrió un nuevo debate político sobre el financiamiento y el destino de los recursos del IAPOS, con iniciativas legislativas que apuntan, desde distintos sectores, a obtener información del Ejecutivo y a garantizar que los fondos provenientes de los afiliados permanezcan vinculados a la cobertura y las prestaciones de la obra social.
