Ya rige la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años: qué cambia en el nuevo régimen penal

El nuevo Régimen Penal Juvenil ya rige en todo el país y establece un cambio central en el sistema de responsabilidad penal de los adolescentes: la edad de imputabilidad baja de 16 a 14 años. Desde este sábado 5 de septiembre, quienes tengan entre 14 y 17 años podrán ser sometidos a un proceso penal específico por los delitos que cometan, bajo las condiciones establecidas por la nueva normativa.

La medida surge de la Ley 27.801, publicada en marzo en el Boletín Oficial, que reemplazó el régimen que estaba vigente desde 1980. El nuevo sistema busca promover la responsabilidad por los actos cometidos y, al mismo tiempo, favorecer la educación, resocialización e integración social de los adolescentes.

Uno de los principales cambios está relacionado con las penas. La nueva normativa prohíbe la prisión y la reclusión perpetuas y fija un máximo de 15 años de privación de libertad, incluso en aquellos casos en los que se juzgue a un adolescente por varios delitos cuyas penas, sumadas, superen ese límite.

Sin embargo, la entrada en vigencia del régimen no significa que todos los adolescentes condenados vayan a cumplir penas de prisión. La ley establece distintas alternativas según la gravedad del delito y la pena prevista.

Para los delitos cuya pena máxima sea de hasta tres años de prisión, la privación de libertad deberá ser reemplazada por otras sanciones cuando se cumplan los requisitos establecidos. Entre las medidas previstas aparecen las prohibiciones de acercamiento o contacto con la víctima, restricciones para concurrir a determinados lugares, trabajos comunitarios y la reparación del daño.

También se contempla la amonestación, que consiste en un llamado de atención formal realizado por el juez y que debe estar acompañado por al menos otra de las sanciones previstas por el régimen.

En los casos en que la pena prevista sea superior a tres años y de hasta diez años, el tribunal también podrá optar por sanciones alternativas, aunque bajo condiciones adicionales. Entre otros aspectos, deberá analizarse que el delito no haya provocado una muerte ni haya implicado violencia grave, además de considerar los antecedentes del adolescente y la existencia de otros procesos judiciales con procesamiento firme.

Estas decisiones deberán contar con una evaluación pericial, la conformidad del Ministerio Público Fiscal y la posibilidad de que la víctima sea escuchada. La normativa también reconoce a las víctimas una participación dentro del proceso y el derecho a recibir información sobre el avance de la causa.

Cómo será el cumplimiento de las penas

Cuando corresponda una condena con privación de libertad, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especialmente acondicionados y con personal capacitado. La ley prohíbe expresamente que sean alojados junto con personas adultas.

El régimen contempla distintas modalidades de cumplimiento, entre ellas institutos abiertos, centros especializados de detención y arresto domiciliario. Además, incorpora el monitoreo electrónico, que podrá utilizarse como sanción autónoma o para controlar el cumplimiento de otras medidas.

La normativa establece también actividades destinadas a favorecer la reinserción, como educación, capacitación laboral y acompañamiento interdisciplinario. El seguimiento estará a cargo de supervisores especializados designados por la Justicia, que deberán asistir al adolescente, controlar su evolución y verificar que cumpla las pautas impuestas.

Otro de los aspectos contemplados es el tiempo de cumplimiento de las condenas. Una vez que el adolescente haya cumplido dos tercios de la pena en detención, el tribunal podrá disponer que el período restante se cumpla mediante otras sanciones, siempre que se reúnan las condiciones previstas para la libertad condicional, exista un dictamen pericial favorable y el Ministerio Público Fiscal preste su conformidad. También deberá ser escuchada la víctima.

Protección de la identidad y responsabilidad de los padres

El nuevo régimen mantiene una protección especial sobre la identidad de los adolescentes involucrados en causas penales. Está prohibida la publicación de nombres, apodos, domicilios, fotografías u otros datos que permitan identificarlos.

Además, la normativa establece la posibilidad de responsabilidad civil de los progenitores por los ilícitos cometidos por sus hijos, de acuerdo con las condiciones previstas por el Código Civil y Comercial.

El desafío de poner en marcha el nuevo sistema

La entrada en vigencia del régimen también plantea interrogantes sobre la capacidad de la Justicia y de las distintas jurisdicciones para aplicar las nuevas reglas. Entre los aspectos que deberán resolverse aparecen la disponibilidad de establecimientos especializados, la incorporación de supervisores y la implementación del monitoreo electrónico.

También se deberá avanzar en la coordinación entre el sistema nacional y los procedimientos judiciales de cada provincia, mientras continúan las conversaciones entre el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal para establecer criterios de aplicación.

Para el primer año de implementación, el Congreso asignó más de $23.739 millones destinados a poner en funcionamiento el nuevo esquema. Mientras algunas provincias ya avanzaron con protocolos y proyectos de adecuación normativa, la puesta en marcha del Régimen Penal Juvenil abre una nueva etapa en el tratamiento judicial de los delitos cometidos por adolescentes en la Argentina.