Caso Trigatti: la defensa del docente quiere llevar su condena a la Corte Suprema de la Nación

La defensa del docente Juan Trigatti, condenado a 12 años de prisión por el abuso sexual de cinco alumnas del jardín Ceferino Namuncurá de la ciudad de Santa Fe, busca que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para eso, sus abogados presentaron un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que el pasado 4 de agosto rechazó, por mayoría, revisar la sentencia.

El planteo fue presentado por el abogado Marcos Barceló, junto con Abraham Vargas y Federico Bazzani, y apunta a que el máximo tribunal provincial habilite la intervención de la Corte nacional. En caso de que el recurso sea rechazado, la defensa todavía tendrá la posibilidad de recurrir directamente en queja ante la Corte Suprema de la Nación para intentar que revise la condena.

Los argumentos de la defensa

En el escrito presentado ante la Justicia santafesina, los abogados de Trigatti cuestionaron distintos aspectos del proceso y sostuvieron que se produjo una “violación del derecho al doble conforme y revisión amplia”.

Según la defensa, el docente fue condenado por primera vez en una instancia de revisión que, a su criterio, “funcionó como un nuevo juicio pero sin las garantías de oralidad e inmediación”.

Otro de los argumentos planteados apunta a uno de los hechos por los que fue condenado. Barceló sostuvo que se trató de “hechos de imposible ocurrencia”, ya que, de acuerdo con documentación del Ministerio de Educación, una de las niñas involucradas no habría tenido clases con Trigatti durante el período señalado debido a las restricciones impuestas por la pandemia.

“Los jueces desplazaron prueba documental pública, en favor de recuerdos testimoniales contradictorios”, sostuvo el abogado.

La defensa también volvió a cuestionar la valoración de la evidencia médica y científica. En ese sentido, señaló que la sentencia descartó los informes elaborados por cuatro profesionales de la salud, entre ellos integrantes del Equipo Interdisciplinario del Hospital Iturraspe, que no habían encontrado lesiones.

“Los jueces se auto percibieron médicos”, cuestionó Barceló al referirse a la interpretación de esos informes.

El cuestionamiento por las cámaras de seguridad

Otro de los puntos centrales del recurso está relacionado con las cámaras de videovigilancia del patio del jardín donde, según la acusación, ocurrieron los abusos.

La defensa volvió a señalar a la Fiscalía por no haber secuestrado de manera oportuna esas imágenes. Según planteó Barceló, el Ministerio Público de la Acusación demoró durante meses el procedimiento pese a las órdenes judiciales y, cuando finalmente se intentó acceder a los registros, las grabaciones ya habían sido eliminadas por sobregrabación.

“La Fiscalía resistió las órdenes judiciales de secuestro de esta prueba, durante meses hasta que los registros se borraron por sobregrabado”, afirmó el defensor.

El recurso también incorporó cuestionamientos vinculados con una presunta “falta de objetividad y conflicto de intereses” durante la investigación. En particular, la defensa señaló la intervención de la abogada Agustina Taboada en las primeras entrevistas realizadas a tres de las niñas y planteó que, al mismo tiempo, mantenía vínculos profesionales con la fiscal Alejandra del Río Ayala y con la abogada Carolina Walker Torres, quien posteriormente asumió la representación de la querella por una de las niñas.

El planteo por la prisión preventiva

El pedido para llegar a la Corte nacional no se limita a la condena de 12 años de prisión. La defensa también presentó un recurso extraordinario contra la decisión de mantener a Trigatti en prisión preventiva luego de que fuera condenado en segunda instancia.

El docente había sido detenido al comienzo de la investigación, posteriormente recuperó la libertad antes del juicio y volvió a quedar privado de su libertad después de la condena dictada por un tribunal de la Cámara de Apelaciones.

En este punto, los abogados sostienen que dos sentencias condenatorias que todavía no están firmes no pueden derivar automáticamente en la prisión preventiva, porque eso, según argumentan, vulneraría el principio de inocencia establecido por la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por ese motivo, la defensa pidió que también se revise si Trigatti debe continuar detenido mientras se resuelve definitivamente el caso o atravesar ese período en libertad.

Como argumento, Barceló recordó que el docente permaneció fuera de prisión durante buena parte del proceso y sostuvo que cumplió con las obligaciones impuestas por la Justicia, entre ellas 160 presentaciones semanales ante el Ministerio Público de la Acusación y la asistencia a más de 40 audiencias judiciales.

Ahora será la Justicia santafesina la que deberá resolver si concede el recurso para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si el planteo no prospera en esta instancia, la defensa podrá recurrir directamente al máximo tribunal nacional mediante un recurso de queja.