Venezuela anunció medidas para 131 presos políticos y una ONG confirmó otras 25 excarcelaciones

El Gobierno de Venezuela anunció este viernes nuevas medidas judiciales para personas procesadas o condenadas por delitos vinculados, según la denominación oficial, con la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo del país. La medida contempla 131 personas beneficiadas con alternativas a la prisión, de acuerdo con el Ministerio de Comunicación.

Las decisiones fueron adoptadas por distintos tribunales a partir de pedidos realizados por el Ministerio Público, en el marco del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

El anuncio se produjo después de varios días de reclamos de familiares y organizaciones que exigen avances en los casos de presos políticos y reclaman que su situación sea incorporada a las conversaciones entre el Gobierno y distintos sectores de la oposición.

En paralelo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos confirmó la excarcelación de 25 detenidos vinculados al caso de Plaza Venezuela, quienes se encontraban alojados en el centro penitenciario El Rodeo I. La organización señaló que continuará verificando individualmente la situación de cada persona liberada.

Los reclamos se intensificaron durante los últimos días. El 11 de agosto, familiares de presos políticos presentaron casos ante la Defensoría del Pueblo y, además, realizaron una movilización en Caracas para pedir respuestas y reclamar que las liberaciones fueran incluidas en la agenda del diálogo político.

La protesta coincidió con el cierre del primer ciclo de conversaciones entre el Gobierno y la delegación de la Asamblea Nacional elegida en 2015, que concluyó el 12 de agosto con acuerdos sobre la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y otras cuestiones institucionales.

Mientras el Gobierno reivindica las nuevas medidas como parte de un proceso de “reencuentro entre los venezolanos” y consolidación de la paz, las organizaciones que defienden a los detenidos mantienen el reclamo por la liberación de quienes permanecen privados de su libertad.

La situación de los 131 beneficiarios deberá ahora ser analizada de manera individual, ya que las medidas alternativas pueden tener distintas condiciones y alcances según cada expediente.