Reforma laboral: la CGT advierte que irá a la Justicia si el Congreso aprueba el proyecto sin cambios

La Confederación General del Trabajo (CGT) ya se encuentra preparando una nueva ofensiva judicial contra el Gobierno nacional. Esta vez, el conflicto gira en torno a la reforma laboral incluida en el proyecto de Ley Bases, que será debatido en el Senado en los próximos días. Si el texto se aprueba sin modificaciones, la central obrera anticipó que volverá a recurrir a la Justicia para impugnarlo.

“Van a tener muchos líos. Esta reforma tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional y a la vuelta de la esquina se van a chocar contra otra pared”, advirtió Jorge Sola, secretario de Prensa de la CGT, al anticipar la posible judicialización del proyecto si no se introducen cambios sustanciales.

Aunque la central mantiene contactos con senadores de distintos bloques para intentar modificar los puntos más cuestionados, el equipo jurídico de la CGT ya comenzó a trabajar en una estrategia legal, similar a la que utilizó a fines de 2023, cuando la Justicia declaró la inconstitucionalidad del capítulo laboral del DNU 70.

El eje del conflicto vuelve a ser la reglamentación del derecho de huelga, especialmente el artículo 88, que establece guardias mínimas obligatorias en caso de paro en una amplia lista de servicios esenciales y actividades consideradas de importancia trascendental. La CGT sostiene que la redacción de ese artículo vulnera tratados internacionales y principios constitucionales, y que impone condiciones más restrictivas que las reconocidas por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ese mismo artículo ya había sido incluido en el DNU 70 y fue uno de los principales fundamentos de la declaración de invalidez constitucional dictada por la Justicia laboral. Según fuentes sindicales, la versión incorporada en el proyecto actual es aún más restrictiva.

Incluso dirigentes y especialistas sin vinculación directa con el sindicalismo expresaron objeciones. Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo durante el gobierno de Cambiemos, opinó que “la redacción actual es difusa y menos clara que los antecedentes existentes, lo cual podría generar una mayor judicialización posterior a la sanción de la ley”.

Además, Triaca advirtió sobre otros puntos del proyecto que podrían generar conflictos, como la eliminación de la ultraactividad —lo que habilitaría la revisión de más de 1.700 convenios colectivos vigentes— y la posibilidad de que convenios por empresa se impongan sobre convenios nacionales o regionales. En su análisis, si el sistema no es equilibrado, deja desguarnecidos a los trabajadores o genera imprevisibilidad al empleador, lo que en definitiva atenta contra los objetivos de generación de empleo y formalización.

Mientras el Gobierno intenta acelerar la sanción del proyecto, la CGT vuelve a posicionarse como un actor central en el plano judicial, con un equipo legal que ya logró en diciembre frenar parcialmente la reforma vía DNU, y que ahora afina los argumentos para impugnar la reforma laboral si se convierte en ley sin modificaciones.