El Gobierno intimó a la AFA y a la Liga Profesional a que den explicaciones de sus balances contables y financieros

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y la Inspección General de Justicia (IGJ), lanzó una nueva ofensiva institucional contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional, al anunciar que intimará a ambas entidades a presentar documentación respaldatoria sobre sus estados contables y financieros. El pedido se centra en gastos e inversiones que superan los 450 millones de dólares y, según el Ejecutivo, incluyen actividades por fuera de los estatutos de una entidad sin fines de lucro.

El anuncio se enmarca en una serie de embestidas recientes contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, e incluye además una denuncia ante el Tribunal de Ética de la Conmebol por supuestas violaciones a normas de transparencia y gobernanza. La ofensiva incluye acusaciones de manejos opacos, vínculos societarios con proveedores contratados y movimientos patrimoniales sospechosos.

Según el comunicado oficial, “los balances de la AFA y la Superliga sobre los que se han pedido explicaciones superan los USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente”. La IGJ intimará a presentar documentación relacionada a gastos e inversiones fuera del objeto social de la AFA, lo que podría derivar en sanciones económicas severas para las entidades y sus directivos si no cumplen con los requerimientos.

La medida llega días después de que Patricia Bullrich presentara una denuncia ante Conmebol por supuestas irregularidades en contrataciones, presuntos testaferros de dirigentes y vínculos entre empresas proveedoras y exfuncionarios de la AFA. Entre los casos destacados, se menciona a la firma Real Central SRL, presuntamente utilizada como pantalla para ocultar patrimonio incompatible con las declaraciones fiscales de sus titulares, como una mansión de 10 hectáreas en Pilar, con helipuerto, harás y automóviles de lujo.

La propiedad, que fue de Carlos Tévez, pasó a manos de Malte SRL —proveedora oficial de la AFA— y luego fue transferida a Real Central, cuyos socios son investigados como posibles testaferros. Además, Wicca SAS, vinculada a exdirectivos de la AFA, aparece como responsable de los gastos de mantenimiento del inmueble.

En paralelo, la denuncia menciona contrataciones directas entre la AFA y empresas cercanas a exfuncionarios. Un caso emblemático es el contrato por USD 550.000 con Malte SRL para el sistema VAR, aprobado sin licitación, lo que plantea sospechas de conflictos de intereses y falta de transparencia.

Desde la AFA, la respuesta no tardó en llegar. En un comunicado oficial, acusaron al Gobierno de llevar adelante una “evidente persecución política” contra la entidad. “Tuvimos que enfrentar el ataque coordinado de su Ministro de Justicia, de una diputada y de la senadora Bullrich”, aseguraron.

También denunciaron intentos previos de interferencia institucional: “Avanzaron con la IGJ intentando obstruir la Asamblea de la AFA y, al fracasar, volvieron con amenazas de intervención”.

Asimismo, rechazaron el impulso oficial a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), y defendieron el modelo actual de clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro. “En la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol. El resto, que lo discutan en la tribuna”, concluyó el comunicado, en tono desafiante.