Milei criticó a la ONU por Malvinas: “Decidió mirar para otro lado”

El presidente Javier Milei volvió a colocar la Cuestión Malvinas como uno de los ejes de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y reclamó que el organismo intervenga frente a las acciones unilaterales del Reino Unido en el área en disputa. “Malvinas es para nosotros una causa nacional”, afirmó durante su exposición.

El mandatario cuestionó particularmente la falta de cumplimiento de las resoluciones de la ONU y sostuvo que el caso Malvinas representa una muestra de la distancia entre las decisiones de los organismos internacionales y su aplicación efectiva. En ese sentido, recordó que hace 50 años la Asamblea General aprobó la Resolución 31/49, que insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras permanezca abierta la disputa de soberanía.

“50 años después la situación no ha cambiado, pero las modificaciones unilaterales continúan”, sostuvo Milei, en una referencia a las actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en el área de las Islas Malvinas. El Gobierno argentino viene cuestionando particularmente el avance de proyectos hidrocarburíferos en la zona y adoptó durante septiembre distintas medidas administrativas y judiciales contra empresas vinculadas con esas actividades.

A partir de ese planteo, el Presidente cuestionó la capacidad de la ONU para hacer cumplir sus propias decisiones. “¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos pero impotente frente a la realidad?”, preguntó. Y agregó: “No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias porque una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos pierde lo más importante, pierde su autoridad”.

Milei sostuvo además que la situación de Malvinas no constituye únicamente una disputa bilateral entre la Argentina y el Reino Unido, sino que también pone en discusión la capacidad de los organismos multilaterales para hacer valer sus propias resoluciones. En ese marco, destacó las medidas adoptadas por su administración frente a la explotación de recursos en el área disputada, entre ellas sanciones contra empresas y proveedores y el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Sin embargo, el cuestionamiento a la eficacia de la ONU no implicó, según el propio Milei, un abandono de la vía diplomática para resolver la disputa. “Durante demasiado tiempo los gobiernos argentinos optaron por una defensa discursiva, nosotros elegimos una defensa pacífica, práctica y efectiva”, afirmó.

En esa misma línea, el Presidente volvió a reclamarle al Reino Unido que reanude las negociaciones por la soberanía de las islas y planteó además la necesidad de avanzar en conversaciones sobre la explotación de los recursos naturales en el área en disputa. “Al Reino Unido le reiteramos una vez más nuestro llamado a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía”, sostuvo.

Milei también se refirió al principio de libre determinación de los pueblos y sostuvo la posición argentina de que ese principio no resulta aplicable al caso Malvinas, al considerar que la población de las islas fue establecida por la potencia que las administra. Esta es una de las diferencias centrales entre las posiciones de la Argentina y el Reino Unido respecto del fundamento jurídico de la disputa. La ONU reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países y desde 1965 insta a las partes a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones.

El discurso de Milei ante la Asamblea General se produjo en un contexto en el que su Gobierno viene endureciendo su postura frente a las actividades hidrocarburíferas en las islas. A comienzos de septiembre, la administración nacional anunció procedimientos sancionatorios contra empresas vinculadas con la exploración y explotación de recursos en la zona y posteriormente impulsó un proyecto de ley destinado a reforzar las herramientas estatales para la defensa de la soberanía.