Malvinas: el Gobierno evalúa ampliar el alcance de las sanciones y pone la mira en la pesca

El Gobierno nacional analiza ampliar el alcance de las sanciones previstas en la futura Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para incluir actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas más allá de los hidrocarburos. Entre las alternativas que están bajo estudio aparece la actividad pesquera, una posibilidad que fue planteada por entidades del sector y que podría quedar incorporada al texto que el Ejecutivo enviará al Congreso.

La discusión se da mientras avanza la redacción definitiva del proyecto y después de los anuncios realizados por Javier Milei, que incluyeron el endurecimiento de las medidas contra empresas vinculadas con la explotación de recursos argentinos en las islas. Según confirmó una fuente oficial, en la Casa Rosada evalúan que el mismo criterio utilizado para las compañías petroleras pueda aplicarse también a quienes participen de negocios pesqueros considerados ilegales.

El planteo había sido impulsado por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp), que reclamó que las licencias de pesca otorgadas por el Reino Unido en las islas sean contempladas dentro del esquema de sanciones. La entidad sostiene que, si el Gobierno busca avanzar contra la explotación de hidrocarburos en el área en disputa, debería utilizar un criterio similar frente a otras actividades vinculadas con los recursos naturales.

Para avanzar en esa dirección, el Ejecutivo analiza extender los alcances de la Ley 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”, sancionada por unanimidad el 16 de marzo de 2011 durante el primer gobierno de Cristina Kirchner. La norma establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina requiere una habilitación otorgada por las autoridades argentinas.

La posibilidad de endurecer las penas y ampliar el universo de actividades alcanzadas fue analizada en la última reunión de la mesa política del Gobierno, realizada el martes. Si finalmente se incorpora la pesca, el nuevo régimen podría alcanzar a empresas y actores que desarrollen actividades comerciales vinculadas con los recursos de las islas sin autorización argentina.

Hasta el momento, la Cancillería inició actuaciones contra 60 empresas vinculadas con la explotación hidrocarburífera en Malvinas, en coordinación con la Procuración del Tesoro. La ofensiva está relacionada, principalmente, con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las islas.

El pedido para incorporar la pesca también cuenta con respaldo de sectores de la oposición. El peronismo reclama que las empresas y otros actores vinculados con la explotación pesquera en Malvinas queden alcanzados por las sanciones, mientras que las entidades del sector buscan que la actividad sea mencionada expresamente en el proyecto que llegará al Congreso. La discusión también involucra la Ley Federal de Pesca, que regula el uso, la protección y la administración de los recursos vivos marinos en aguas argentinas.

El proyecto se encuentra actualmente en la última instancia de revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal Murphy. Una vez concluida esa etapa, el Ejecutivo tiene previsto enviarlo al Congreso el próximo lunes a través de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo considera que cuenta con mejores condiciones para conseguir respaldo parlamentario.

En paralelo, el asesor presidencial Santiago Caputo termina de definir cómo será la presentación legislativa. El Gobierno analiza dos posibilidades: remitir el texto de manera tradicional o enviar a un funcionario al Congreso para explicar los principales puntos de la iniciativa. Entre los posibles expositores aparecen los ministros Carlos Presti, de Defensa, y Pablo Quirno, de Relaciones Exteriores, quienes participaron directamente de la elaboración del proyecto.

Milei había adelantado el alcance general de la iniciativa durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”. En ese marco, afirmó que quienes “provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país”. Además, señaló que la nueva normativa incluirá herramientas destinadas a reforzar las capacidades del Ejército y el ejercicio de la soberanía, entre ellas la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

El oficialismo pretende que el tratamiento parlamentario comience entre fines de septiembre y principios de octubre. “Es un tema que no debería suponer resistencia, por lo que descontamos que tendrá dictamen rápido. Para la última de septiembre y la primera de octubre debería comenzarse a tratar”, señaló una fuente de la mesa política.

La discusión legislativa se desarrolla al mismo tiempo que el Gobierno profundiza su ofensiva contra las compañías relacionadas con la explotación petrolera en Malvinas. Además de las sanciones, Milei anunció la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, cuyo financiamiento será contemplado en el Presupuesto 2027 y que, según aseguró, no afectará el superávit fiscal. En ese contexto, Quirno y Presti viajarán este viernes a la provincia para recorrer el área donde se proyecta la obra.

Dentro del Gobierno consideran que la disputa por los recursos naturales puede convertirse en una herramienta para volver a instalar la cuestión Malvinas en una negociación con el Reino Unido. “El lobby petrolero es clave. Que los ingleses sienten a la Argentina en una mesa de negociación a hablar de compartir regalías, bloques conjuntos, lo que sea, supone un avance. Esta es nuestra última oportunidad”, sostuvo una fuente con acceso al despacho presidencial.

En la Casa Rosada también evaluaron positivamente la repercusión que tuvieron en redes sociales los anuncios realizados por Milei durante la cadena nacional en la que presentó el paquete de medidas. Sin embargo, por el momento el Gobierno mantiene el foco en la redacción y revisión del proyecto, mientras espera que los dos ministros que participaron de su elaboración sean quienes expliquen sus alcances cuando la iniciativa llegue al Congreso.