El Gobierno inició procedimientos para sancionar a 45 empresas por actividades en Malvinas

El Gobierno nacional confirmó este viernes que iniciará procedimientos sancionatorios contra 45 empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas que considera ilegales en el entorno de las Islas Malvinas. La medida fue dispuesta por la Cancillería por instrucción del presidente Javier Milei, quien había anunciado el endurecimiento de las sanciones durante la cadena nacional del jueves.

Los procedimientos alcanzarán a personas físicas y jurídicas de distintos países, entre ellos Reino Unido, Israel, Canadá, Suecia, Kazajistán, Sudáfrica, Dinamarca, Estados Unidos, Países Bajos, Jersey e Islas Vírgenes Británicas. Según explicó el Ejecutivo, la investigación apunta a determinar responsabilidades por el presunto incumplimiento de las prohibiciones establecidas en el artículo 2 de la Ley 26.659, que regula las actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina.

“En el día de hoy, por instrucción del Presidente, la Cancillería argentina dispuso el inicio de los procedimientos sancionatorios de 45 sujetos, tanto personas humanas como jurídicas, para investigar y sancionar la violación de las prohibiciones establecidas”, señaló el Gobierno en un comunicado.

Entre los principales nombres incluidos en la medida aparecen Navitas Petroleum Development y Navitas Petroleum Atlantic Limited, ambas de Reino Unido. Las compañías están vinculadas con proyectos de exploración offshore en el Atlántico Sur, entre ellos Sea Lion, el desarrollo petrolero ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas que Milei mencionó especialmente en su mensaje.

La investigación también alcanzará a distintos accionistas de Navitas, entre ellos Harel Insurance Investments & Financial Services, Migdal Insurance and Financial Holdings, The Phoenix Holdings y Meitav Investment House, además de varios inversores particulares de nacionalidad israelí.

Otro de los grupos alcanzados está relacionado con Rockhopper Exploration, también de Reino Unido, a través de sus sociedades Rockhopper Exploration Limited (Hydrocarbons) y Rockhopper Exploration Limited (Oil). En este caso, los procedimientos se extenderán a accionistas y fondos de inversión vinculados con la compañía, entre ellos Noked Capital, Aedos Advisers, Exodus Management Israel e Ion Fund Management, además de inversores particulares del Reino Unido.

El listado oficial incluye además a Borders & Southern, compañía que opera en el área de las Malvinas con licencias otorgadas por la administración de las islas y que Argentina considera ilegítimas. Entre los accionistas alcanzados aparecen sociedades y personas de Canadá, Reino Unido e Islas Vírgenes Británicas.

La misma medida comprende a las canadienses JHI Associates Inc. y JHI Falklands Inc., junto con Eco Oil & Gas LTD, señalada como accionista única de ambas empresas. También se investigará a varios de sus accionistas, entre ellos Cibc Asset Management, Canaccord Genuity Limited, Avanza Bank Holding AB, Moshe Peterburg, Askar Alshinbayev, Coronation Fund y Westmount Energy Limited.

A su vez, el Gobierno incluyó en los procedimientos a Borders & Southern Falkland Islands Limited y a Noble Corporation, identificada como proveedor estratégico de infraestructura. Entre los accionistas de esta última aparecen AP Moller Holding A/S, First Eagle Investment Management, Vanguard Portfolio Management y Dimensional Fund Advisors.

El listado se completa con Netherland, Sewell & Associates Inc., de Estados Unidos, señalada como analista y asesora corporativa, y Fugro NV, de Países Bajos, en carácter de proveedor de servicios.

Desde el Gobierno justificaron la decisión al considerar que la actividad hidrocarburífera en las islas representa un avance sobre recursos naturales que Argentina reivindica como propios. “Recientemente la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales”, sostuvo la administración de Milei.

Las nuevas actuaciones forman parte del paquete de medidas anunciado por el Presidente para reforzar la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y ampliar las herramientas legales contra las empresas que participen de actividades hidrocarburíferas en el área.

“Esta medida constituye un acto de justicia para todos aquellos que lucharon y dieron su vida por nuestra Nación. Es también un mensaje claro hacia el mundo: la Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Malvinas”, concluyó el comunicado oficial.