Organizaciones piden al Senado frenar el paquete legislativo que “entrega la tierra, el agua y la energía” a capitales extranjeros

Un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil presentó un documento ante el Senado de la Nación en el que solicitó el rechazo de los proyectos de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y del denominado "Súper RIGI", al considerar que ambas iniciativas forman parte de un mismo esquema legislativo.

En el documento, las entidades sostienen que los dos proyectos son "dos llaves de la misma cerradura" y afirman que, en conjunto, "desarticulan la soberanía sobre los bienes comunes estratégicos del país", entre ellos la tierra, el agua y la energía.

Las organizaciones argumentan que la reforma a la Ley de Tierras, junto con las modificaciones previstas en materia societaria y el régimen de promoción de inversiones conocido como "Súper RIGI", facilitarían la adquisición de tierras y otros activos estratégicos por parte de capitales extranjeros y otorgarían amplias garantías a las inversiones durante un período de 30 años.

Entre las voces que respaldaron el documento, Micaela Sánchez Malcolm, de la organización Géneras, sostuvo: "La imagen es precisa y alarmante: primero se entrega la tierra, el agua, la energía y los datos; y en simultáneo se le vendan los ojos a las instancias que deberían vigilar. La Ley de Sociedades borra el rastro de quién compra, y el Súper RIGI blinda el negocio por tres décadas. No son reformas aisladas, es una arquitectura diseñada para el saqueo".

Por su parte, Luciana Ghiotto, del Transnational Institute, afirmó: "El senador que apruebe esto estará cediendo la jurisdicción de su propia provincia por treinta años y convalidando una doble delegación inconstitucional", y advirtió que, según su interpretación, las provincias y el Estado nacional tendrían limitaciones para modificar regulaciones laborales, ambientales y de derechos humanos durante la vigencia del régimen.

En tanto, Lucas Micheloud, de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), aseguró que "la reforma a la Ley de Tierras forma parte de un programa de remate de la Argentina", mientras que Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), sostuvo que existe "una contradicción insalvable" entre la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas y la aprobación de este tipo de iniciativas.

A su vez, Florencia Gómez, del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), expresó que "la derogación de la Ley de Tierras es una pieza vital del engranaje normativo que impulsa el Gobierno" y afirmó que implicaría perder herramientas de control sobre activos estratégicos.

Convocatoria a una movilización

Las organizaciones también convocaron a una movilización frente al Congreso Nacional para el próximo 6 de agosto, fecha prevista para el tratamiento legislativo de los proyectos, y solicitaron a los senadores rechazar tanto la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como el "Súper RIGI".

En el documento sostienen que ambas iniciativas funcionan de manera complementaria y concluyen: "Rechazar uno y aprobar el otro dejaría la cerradura a medio cerrar: la fuerza de la defensa nacional está en rechazar los dos".