La Justicia estadounidense obliga a la Argentina a pagar USD 390 millones por la nacionalización de Aerolíneas

La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, confirmó la condena que obliga a la Argentina a pagar más de USD 390 millones por la estatización de Aerolíneas Argentinas. El tribunal rechazó el recurso presentado por el Estado nacional y dejó firme el fallo que beneficia al fondo Titan Consortium.

Con esta decisión, el fondo de inversión podrá continuar las acciones judiciales en territorio estadounidense para intentar cobrar la indemnización derivada de la nacionalización de la aerolínea de bandera, concretada en 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El reclamo tiene su origen en el litigio iniciado tras la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, que en ese momento eran controladas por el grupo español Marsans. En 2017, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) resolvió a favor de la empresa y fijó una compensación de USD 320 millones, a la que posteriormente se sumaron intereses hasta elevar el monto a USD 390,9 millones.

Con el paso del tiempo, los derechos sobre ese litigio fueron transferidos primero al fondo Burford Capital y luego a Titan Consortium, que desde 2021 impulsa en la Justicia estadounidense el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral.

La ratificación del fallo también incrementa la presión sobre el Estado argentino frente a posibles intentos de embargo de activos en el exterior. Según el artículo, Titan ya había promovido acciones en ese sentido sobre garantías vinculadas a los Bonos Brady depositadas en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

La resolución judicial se conoce en un contexto de mejora de los resultados económicos de Aerolíneas Argentinas. De acuerdo con la información difundida, la compañía cerró 2025 con una ganancia operativa de USD 112,7 millones, tras haber registrado en 2024 su primer superávit operativo desde la reestatización y operar sin aportes del Tesoro Nacional. Sin embargo, una eventual privatización de la empresa aún requiere la aprobación del Congreso.