Pese a los cuestionamientos a la licitación, el Gobierno adjudicó la Hidrovía

El Gobierno nacional formalizó este miércoles la concesión de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía) y presentó la adjudicación como el inicio de una nueva etapa de gestión privada para una de las infraestructuras más estratégicas del país. Sin embargo, la decisión quedó envuelta en una fuerte polémica debido a las denuncias por presunto direccionamiento de la licitación, cuestionamientos técnicos y sospechas sobre la transparencia del proceso.

A través de un comunicado, el Ministerio de Economía sostuvo que la adjudicación a la unión integrada por Jan de Nul y Servimagnus fue el resultado de un procedimiento “transparente” y con amplia participación de actores públicos y privados. No obstante, durante el desarrollo de la licitación se acumularon críticas vinculadas a la confección de los pliegos, los plazos establecidos y el sistema de evaluación utilizado para seleccionar la oferta ganadora.

La Hidrovía Paraná-Paraguay, por donde circula cerca del 80% del comercio exterior argentino, constituye una pieza clave para la economía nacional. Por ese motivo, la concesión no solo tiene impacto en materia logística y comercial, sino también una fuerte dimensión política y estratégica.

Entre los principales cuestionamientos aparece la supuesta elaboración de un pliego diseñado a medida, que según distintas denuncias habría favorecido desde el inicio al consorcio finalmente adjudicatario. A ello se sumaron observaciones sobre los tiempos del proceso licitatorio, considerados insuficientes por algunos sectores para garantizar una competencia efectiva entre los distintos oferentes.

Otro de los puntos controvertidos fue el requisito económico exigido para presentar impugnaciones. Según trascendió, las empresas interesadas debían afrontar un costo de 10 millones de dólares no reembolsables para cuestionar alguna etapa del procedimiento, una condición que fue señalada como una barrera para la presentación formal de reclamos.

Las críticas también alcanzaron a la Comisión Evaluadora y al esquema de puntajes aplicado durante el análisis de las ofertas. Diversas denuncias sostienen que el mecanismo terminó otorgando ventajas al consorcio ganador, alimentando las sospechas sobre la imparcialidad del proceso.

A esto se agregó la controversia en torno al denominado “precio mínimo”, una fórmula que, según especialistas y empresas competidoras, habría condicionado las propuestas económicas y limitado la posibilidad de una competencia más agresiva en materia de costos.

Pese a estas objeciones, el Gobierno defendió la adjudicación y aseguró que la nueva concesión permitirá una reducción del 13,5% en el peaje, además de impulsar obras de profundización, incorporar nuevas tecnologías, reforzar la seguridad de la navegación y mejorar la eficiencia logística para las exportaciones argentinas.

Sin embargo, una de las firmas que participó del proceso, la empresa belga DEME NV, había advertido que el esquema impulsado por el Ejecutivo implicaba un sobrecosto logístico cercano al 17% para el transporte de mercaderías. La compañía incluso aseguró estar en condiciones de ofrecer una alternativa más económica, aunque finalmente la adjudicación avanzó sin modificaciones.

Con la firma del contrato ya concretada, la concesión de la Hidrovía ingresa ahora en una nueva etapa, aunque las controversias generadas durante el proceso anticipan un escenario de posibles planteos judiciales y nuevos cuestionamientos sobre una de las licitaciones más relevantes de los últimos años en materia de infraestructura y comercio exterior.