La UOCRA advirtió que se perdieron más de 90 mil empleos desde la llegada de Milei al Gobierno

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) denunció en la Cámara de Diputados que desde la asunción del presidente Javier Milei se perdieron más de 91 mil puestos de trabajo formales en el sector, de los cuales entre 35 mil y 50 mil estaban vinculados a la construcción de viviendas.

La situación fue planteada durante una reunión de la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, presidida por el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman, donde se analizó el panorama de la construcción, la inversión pública, la vivienda social y el programa PRO.CRE.AR.

Durante su exposición, el director ejecutivo de la Fundación UOCRA, Gustavo Gándara, sostuvo que la construcción de viviendas genera una importante demanda de mano de obra y advirtió sobre el impacto que tuvo la caída de la actividad en el empleo.

Además, reclamó contar con información precisa sobre la construcción de viviendas sociales en el país y planteó la necesidad de avanzar hacia una mayor coordinación normativa entre provincias y municipios para evitar trabas que dificulten el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales.

Gándara también alertó sobre la falta de políticas de capacitación laboral y recalificación de trabajadores, una situación que, según señaló, afecta al sector en un contexto de transformación económica y productiva.

Por su parte, el presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Iván Szczech, advirtió sobre las dificultades actuales para acceder a una vivienda.

El dirigente sostuvo que el elevado costo en dólares del metro cuadrado, sumado a la falta de financiamiento y crédito, complica tanto el desarrollo privado como las posibilidades de acceso a la casa propia para amplios sectores de la población.

En la misma línea, el presidente del Consejo Nacional de la Vivienda y secretario de Hábitat y Vivienda de la provincia de Santa Fe, Lucas Crivelli, consideró fundamental avanzar en una ley nacional de vivienda que permita coordinar esfuerzos entre los distintos niveles del Estado y los actores vinculados al sector.

Según planteó, una estrategia articulada entre provincias, municipios, entidades financieras y el mercado inmobiliario podría contribuir a reducir el déficit habitacional en plazos significativamente menores a los proyectados actualmente.

A su turno, la presidenta del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda de La Pampa, Érica Riboyra, sostuvo que cuando el Estado deja de intervenir en la construcción de viviendas no aparece automáticamente el mercado para cubrir esa demanda.

La funcionaria remarcó la importancia de sostener políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a la vivienda y consideró que se trata de un desafío central para promover una mayor inclusión social en todo el país.