Nacionales — 17.05.2026 —
La Justicia detectó irregularidades en la licitación de la Hidrovía y abrió una investigación
Un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas advirtió posibles consecuencias penales por presuntas irregularidades en el proceso licitatorio de la principal vía de exportación del país.
El proceso de licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas de granos y derivados, quedó bajo investigación judicial luego de que el Ministerio Público Fiscal detectara presuntas irregularidades en el concurso que definirá la futura concesión del sistema de navegación.
La investigación quedó a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que en un dictamen firmado por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez advirtió que distintos aspectos del proceso “merecen reproche administrativo y podrían derivar en consecuencias penales”.
Según el documento, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), encargada de aprobar los pliegos de la licitación, recibió múltiples denuncias de organizaciones ambientalistas, integrantes de consorcios portuarios e incluso de una de las empresas participantes, en las que se señalaban irregularidades en el procedimiento.
Entre las principales observaciones, la PIA sostuvo que existió una “grave vulneración al principio de transparencia” debido a la falta de parámetros objetivos para evaluar las ofertas técnicas. El dictamen advierte que esa situación otorga a la Comisión Evaluadora un “margen de discrecionalidad excesivo”, lo que podría afectar la libre competencia entre oferentes.
La disputa por la concesión involucra principalmente a las firmas belgas Jan De Nul, operadora histórica de la Hidrovía desde 1995, y DEME. Según trascendió, el proceso habría dejado afuera a compañías chinas consideradas competitivas dentro del sector.
En el expediente también aparecen mencionados grupos empresarios argentinos vinculados al negocio portuario y logístico. Entre ellos figuran el Grupo Neuss, relacionado con distintos negocios ligados al Estado y con vínculos políticos conocidos, y el Grupo Román, fundado por el empresario Alfredo Román. Además, se menciona al empresario Juan Ondarcuhu, del Grupo Servicios Portuarios SA.
Las irregularidades señaladas
El dictamen judicial enumeró distintos puntos cuestionados del proceso licitatorio:
- Incumplimiento de la Ley 27.566, vinculada al acceso a la información ambiental durante la audiencia pública.
- Posibles problemas en las condiciones para la cesión del contrato a terceros.
- Una presunta redacción inadecuada de la cláusula anticorrupción.
- Restricciones a la posibilidad de impugnar decisiones dentro del proceso.
- Limitaciones para la participación de empresas bajo la modalidad UTE.
- Cuestionamientos al sistema de evaluación técnica y económica de las ofertas.
- Falta de fundamentos respecto de deudas pendientes con acreedores actuales de la Hidrovía.
La PIA consideró además que algunas de estas situaciones ya habían sido advertidas en licitaciones anteriores y remitió las actuaciones a la Fiscalía Federal N°9 de la ciudad de Buenos Aires, que continuará con la investigación.
La Hidrovía es considerada estratégica para el comercio exterior argentino, ya que conecta los principales puertos agroexportadores del país y concentra gran parte del transporte fluvial de cargas hacia mercados internacionales.
