Nacionales — 01.02.2026 —
Un proyecto propone cambiar el sistema de patentes para reducir el costo a los contribuyentes
El planteo busca reemplazar el esquema actual —basado en el valor del vehículo— por un criterio vinculado al uso de la infraestructura vial. Proponen que se pague según el peso y la categoría del rodado.
En medio del malestar por los aumentos en las patentes de distintas provincias, comenzó a tomar fuerza una propuesta que busca reformar de raíz el sistema vigente en la Argentina. El proyecto plantea dejar atrás el criterio patrimonial, atado al valor de mercado del vehículo, para pasar a un esquema basado en el uso efectivo de la infraestructura vial.
La iniciativa fue elaborada por el abogado Jorge Monastersky y se viralizó en los últimos días a partir de los reclamos de contribuyentes en redes sociales. Según el impulsor, la actual forma de calcular la patente genera fuertes inequidades, ya que vehículos de distinto valor pero con un uso similar de la vía pública terminan pagando montos muy diferentes, sin relación directa con el servicio que la tasa debería financiar.
El corazón del proyecto es claro: transformar la patente en una verdadera tasa por circulación, en lugar de un impuesto al patrimonio, como opera hoy en la práctica. Para ello, propone un valor base anual equivalente a 100 litros de nafta súper, lo que hoy rondaría los $130.000 para los vehículos de menor porte. A partir de ahí, se aplicarían ajustes proporcionales según el peso del vehículo, su categoría y la cantidad de ejes.
Este criterio, explican, busca que quien más desgaste genera en rutas y calles pague más, independientemente del valor comercial del auto. Además, la propuesta prohíbe la doble imposición y establece que solo la jurisdicción donde está radicado el vehículo puede cobrar la tasa, unificando criterios y buscando mayor transparencia.
Como antecedente, se toma el modelo aplicado en el estado de Florida (Estados Unidos), donde la tasa de circulación no depende del valor del vehículo y tiene un costo uniforme de unos 90 dólares al año.
Desde el entorno del impulsor aclararon que el objetivo no es eliminar la patente ni reducir la recaudación pública, sino ordenar un sistema que hoy es percibido como desproporcionado, confuso y, en muchos casos, injusto para los contribuyentes.
