El Colegio de Abogados repudió las declaraciones de Pullaro sobre la “industria del juicio”

El Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe expresó su repudio a las declaraciones públicas del gobernador Maximiliano Pullaro, quien volvió a invocar la existencia de una supuesta “industria del juicio”. A través de un pronunciamiento institucional, la entidad sostuvo que ese concepto carece de sustento y constituye una descalificación hacia el ejercicio profesional, el sistema judicial y las personas que recurren a la Justicia para reclamar por derechos vulnerados.

En el comunicado, el Colegio afirmó que la utilización de esa expresión resulta inadmisible, al remarcar que “no solo carece de sustento empírico y jurídico, sino que constituye una descalificación inadmisible hacia el ejercicio profesional de la abogacía, hacia el funcionamiento del Poder Judicial y, fundamentalmente, hacia los trabajadores y ciudadanos que acuden a la Justicia en defensa de derechos vulnerados”.

La entidad cuestionó además la lógica que subyace al planteo oficial y señaló que “hablar de ‘industria del juicio’ implica invertir las responsabilidades reales”, al tiempo que enumeró: “no hay litigios sin conflictos, no hay conflictos sin incumplimientos y no hay demandas sin derechos vulnerados”.

En ese marco, el Colegio advirtió sobre el impacto de ese tipo de discursos en una provincia atravesada por altos niveles de informalidad laboral y empleo precario. Según expresaron, resulta “impropio y peligroso” que desde la máxima autoridad del Poder Ejecutivo se estigmatice el acceso a la Justicia y se banalice la tutela judicial efectiva, instalando un relato que presenta a las víctimas como oportunistas y a los abogados como parte de un sistema espurio.

“El comunicado remarca que ‘la abogacía no genera conflictos. Por el contrario, los canaliza institucionalmente’, y subraya que ‘los juicios no son un negocio, sino la consecuencia del incumplimiento de la ley’”, señalaron desde la institución.

Finalmente, el Colegio reafirmó que “defender derechos no es una industria, es una función esencial en un Estado de Derecho”, y advirtió que deslegitimar esa función erosiona la confianza pública, debilita las instituciones y afecta el principio republicano de división de poderes. En ese sentido, exhortaron al gobernador a “abandonar expresiones simplistas y estigmatizantes” y a promover un debate serio y responsable sobre el funcionamiento del sistema de justicia, sin desviar el foco de las verdaderas causas de la conflictividad social y laboral.