Provinciales — 19.06.2025 —
Seis años y medio de prisión para Odriozola y Grau por una asociación ilícita
Una sentencia por fraude a la administración pública alcanzó a Omar Odriozola y Rafael Grau, quienes encabezaban una organización que simulaba reparaciones en la Policía provincial.
Los exjefes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Omar Antonio Odriozola y Rafael Ramón Grau, fueron condenados este jueves a seis años y seis meses de prisión, en el marco de una causa por fraude a la administración pública. El tribunal también ordenó la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años y la imposición de multas máximas previstas por el Código Penal.
El fallo fue dictado por unanimidad por los jueces Celeste Minniti, Cecilia Labanca y Sebastián Szeifert, al concluir un juicio oral y público que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), representaron a la acusación durante el proceso.
“Esta sentencia sienta un precedente de gran trascendencia para casos de corrupción”, expresaron los fiscales tras conocer el veredicto. Ambos destacaron que Grau y Odriozola eran “la máxima autoridad de la Policía provincial en el momento de los hechos” y que “esa condición los obligaba a cumplir y hacer cumplir la ley”.
La maniobra delictiva investigada consistió en simular reparaciones de móviles oficiales y compras de repuestos, mediante facturaciones apócrifas, con la participación de otros miembros de la Policía y civiles. Odriozola actuó entre enero y agosto de 2015, y Grau entre septiembre de 2015 y febrero de 2016.
Los fiscales afirmaron que los condenados encabezaban una asociación ilícita organizada, estable y permanente, y que firmaban cheques, facturas y rendiciones de cuenta que posibilitaban disposiciones patrimoniales ilegítimas. Además, según el MPA, coordinaban las acciones del grupo delictivo y disponían del reparto del dinero.
La investigación se inició en mayo de 2016 a partir de una denuncia anónima que recibió el entonces ministro de Seguridad, hoy gobernador Maximiliano Pullaro, quien derivó el caso al MPA. El fiscal Roberto Apullán llevó adelante las primeras diligencias, que luego continuaron en la Unidad Fiscal de Delitos Complejos.