Diputados dio media sanción a la reforma de seguridad, con cambios al proyecto original

La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe dio media sanción al proyecto de reforma en materia de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro. La iniciativa obtuvo 37 votos a favor y 11 en contra, luego de un extenso debate y de negociaciones entre los distintos sectores políticos que derivaron en modificaciones importantes respecto del texto presentado originalmente por el Poder Ejecutivo.

El proyecto, denominado "Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública", había ingresado a la Legislatura en mayo y propone cambios en distintos aspectos del sistema de investigación penal, con nuevas atribuciones para los organismos encargados de la persecución del delito, especialmente el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La aprobación en la Cámara baja fue posible después de que representantes del radicalismo y el socialismo alcanzaran un acuerdo sobre los puntos que generaban mayores diferencias. También se incorporaron planteos realizados por el Gobierno provincial y la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe durante el tratamiento en comisiones.

Entre los cambios más relevantes se encuentran la eliminación de las zonas de intervención policial especial y de la posibilidad de que los agentes interroguen a personas vinculadas con un delito sin la presencia de un abogado defensor. Ambas disposiciones habían generado cuestionamientos durante la discusión de la propuesta original.

Las zonas especiales contemplaban la posibilidad de establecer controles de acceso, realizar requisas vehiculares, restringir la circulación y demorar hasta 48 horas a personas para verificar su identidad. Con la modificación, ese esquema quedó fuera del proyecto aprobado.

En cuanto a las declaraciones de personas vinculadas con una investigación penal, se descartó que la Policía pueda interrogarlas sin asistencia letrada. Se mantiene, en cambio, la posibilidad de que los fiscales reciban declaraciones informativas sin abogado, aunque bajo garantías adicionales y sin que esas manifestaciones puedan utilizarse como prueba de cargo.

Qué otros cambios se incorporaron

El texto aprobado también introduce modificaciones vinculadas con las garantías procesales y la participación de las víctimas. En los casos de juicios en rebeldía, se exige autorización judicial, intervención de un defensor, una audiencia previa con la víctima y el registro audiovisual del proceso.

A su vez, se amplían las facultades de los querellantes, que podrán intervenir en las audiencias imputativas, formular preguntas y aportar elementos. También se reconoce expresamente el derecho de las víctimas a ser escuchadas.

Otro punto incorporado establece que la Fiscalía podrá formular una acusación tanto después de la audiencia imputativa como cuando se haya autorizado la realización de un juicio en rebeldía.

En materia de pruebas obtenidas de manera irregular, se restringieron las excepciones que permitirían admitirlas. En particular, se eliminó la posibilidad de justificar su utilización para evitar daños graves a la integridad física de la propia persona, aunque se mantiene la protección de terceros.

Por otra parte, se conservaron varias de las herramientas previstas en la propuesta original. Entre ellas figuran los nueve supuestos que habilitan allanamientos sin orden judicial, aunque para los casos contemplados en los incisos 5 al 9 se incorporó un control judicial de oficio dentro de las 24 horas.

También se mantuvo la posibilidad de inactivar inmuebles utilizados para actividades ilícitas, mediante medidas como desalojos, demoliciones, desmontajes o bloqueos, con instancias de revisión judicial.

En el ámbito penitenciario, continuará vigente la posibilidad de aplicar un régimen agravado a internos considerados una amenaza grave para la seguridad pública. Ese esquema contempla medidas como el aislamiento individual y la suspensión de visitas y comunicaciones, sujetas a revisión judicial.

Finalmente, el proyecto establece límites para las tareas de inteligencia: las actividades que puedan afectar de manera sustancial la privacidad o intimidad de las personas requerirán autorización judicial. Además, se diferencian las tareas de prevención de las investigaciones penales.

El proyecto pasa al Senado

Con la aprobación en Diputados, la reforma deberá ser tratada ahora por la Cámara de Senadores. Si obtiene el aval de ese cuerpo, Santa Fe contará con un nuevo marco normativo en materia de seguridad pública.

El resultado de la votación en la Cámara baja reflejó el consenso alcanzado luego de las negociaciones entre los bloques, que permitieron destrabar los principales desacuerdos y avanzar con una versión modificada de la iniciativa que el Ejecutivo había enviado a la Legislatura.