Provinciales — 20.10.2026 —
Sobreseyeron al adolescente que mató a otro en una escuela de San Cristóbal y el MPA apeló que el legajo pase a Familia
El juez dio por acreditados los hechos y la participación del adolescente, pero dispuso su sobreseimiento porque era considerado no punible de acuerdo a la legislación vigente al momento del ataque. La Fiscalía sostiene que el caso debe continuar bajo la órbita penal juvenil para avanzar con las medidas y diligencias pendientes.
La Justicia de Santa Fe sobreseyó al adolescente que el pasado 30 de marzo ingresó armado a la Escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal y mató a un alumno de 13 años e hirió a otros ocho. Si bien el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no cuestionó el sobreseimiento —que se ajusta a la legislación vigente al momento del ataque—, sí apeló la decisión del juez José Alberto Boaglio de remitir el legajo a los Tribunales de Familia.
El recurso fue presentado el jueves 8 de octubre ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Segunda Instancia de Rafaela. De esta manera, la resolución adoptada por el juez de primera instancia todavía no quedó firme y deberá ser revisada en una audiencia cuya fecha y horario aún deben ser establecidos.
Boaglio había dictado el sobreseimiento el lunes 5 de octubre, a partir de un planteo de la defensa. El adolescente tenía 15 años al momento del ataque, por lo que no era punible de acuerdo con la legislación penal juvenil que regía el 30 de marzo de 2026 y que establecía en 16 años la edad mínima de punibilidad.
La decisión judicial dio por acreditados los hechos atribuidos por la Fiscalía y la participación del adolescente en el ataque, además de los daños y padecimientos ocasionados a las víctimas. Sin embargo, por la edad que tenía al momento del hecho, correspondía disponer su sobreseimiento y no podía ser condenado penalmente.
El planteo del MPA apunta a otro aspecto de la resolución: la remisión del legajo al fuero de Familia. Desde la Fiscalía sostienen que, aunque el sobreseimiento se encuentra contemplado por la normativa vigente al momento del ataque, todavía existen diligencias de investigación que deben realizarse y medidas que el adolescente viene cumpliendo que requieren control judicial.
En ese sentido, el MPA considera que esas cuestiones deben continuar bajo la órbita penal y sostiene que el Código Procesal Penal Juvenil de la provincia contempla un procedimiento específico para los menores de edad no punibles. Según la Fiscalía, ese mecanismo debió ser tenido en cuenta por el juez antes de disponer la remisión del legajo a los Tribunales de Familia.
El ataque en la escuela
El hecho ocurrió minutos después de las 7 del lunes 30 de marzo, cuando los estudiantes de la Escuela Mariano Moreno se encontraban formados en un patio interno para el izamiento de la bandera. El adolescente, que cursaba tercer año en la institución, llevaba una escopeta escondida en la funda de una guitarra.
Según la reconstrucción de lo ocurrido, después de pasar por el baño salió con el arma y efectuó entre cuatro y cinco disparos. Uno de los proyectiles impactó en Ian Cabrera, de 13 años, quien cursaba primer año y murió en el lugar. Otros ocho estudiantes resultaron heridos.
La situación terminó cuando un asistente escolar se abalanzó sobre el atacante y consiguió quitarle la escopeta. Poco después intervino la Policía, mientras el establecimiento era evacuado y se desplegaba un amplio operativo de emergencia.
Seis de los ocho estudiantes heridos recibieron el alta durante la tarde de ese mismo día. Los otros dos fueron trasladados a hospitales de Rafaela y de la ciudad de Santa Fe para recibir atención especializada.
Ian Cabrera también jugaba al fútbol en el club Atlético Independiente de San Cristóbal. Su muerte provocó una profunda conmoción en la comunidad. Al día siguiente se realizó una misa de cuerpo presente en la iglesia local y posteriormente una multitud acompañó el féretro hasta el cementerio municipal.
La investigación posterior
Después del ataque, los investigadores avanzaron también sobre la actividad digital del adolescente y sus posibles contactos con comunidades vinculadas con la glorificación de masacres escolares y otros hechos violentos.
En los primeros días posteriores al crimen, la Policía Federal allanó la vivienda del joven y un comercio relacionado con su familia, por orden de la fiscal Carina Gerbaldo. El objetivo fue reunir elementos que permitieran profundizar la investigación sobre la planificación del ataque y sus posibles conexiones.
La pesquisa también alcanzó a otros adolescentes. El 6 de abril, la Policía aprehendió a un joven en la localidad de Nelson, sospechado de haber mantenido conversaciones con el autor del ataque y de posiblemente haber tenido conocimiento del plan.
Ahora, la apelación presentada por el MPA será analizada por la Segunda Instancia de Rafaela. La discusión ya no pasa por la procedencia del sobreseimiento del adolescente en función de su edad, sino por qué fuero debe continuar interviniendo en las diligencias y medidas pendientes vinculadas con el caso.
