Presupuesto 2027: el Gobierno abre la puerta a cambios en discapacidad y universidades para destrabar la negociación

El Gobierno nacional abrió la posibilidad de modificar las partidas destinadas a discapacidad y universidades incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027, en un intento por destrabar las negociaciones con sus bloques aliados en el Congreso, principalmente el PRO y la UCR, y con los sectores involucrados en ambos reclamos.

En la Casa Rosada reconocen que algunas de las modificaciones incorporadas en la iniciativa original complicaron el esquema de acuerdos que el oficialismo buscaba construir para avanzar con el proyecto. Por eso, la discusión parlamentaria aparece ahora como una instancia para revisar parte de la propuesta y alcanzar consensos en los dos principales frentes de conflicto.

En materia de discapacidad, el Gobierno busca evitar una nueva prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad establecida por la Ley 27.793. La alternativa que se analiza contempla reforzar las partidas presupuestarias, incorporar compensaciones reclamadas por los prestadores por los atrasos acumulados durante 2023 y 2024 y avanzar hacia un esquema de carácter permanente.

Uno de los puntos más discutidos es la intención oficial de modificar el sistema de aranceles. El proyecto plantea eliminar el nomenclador universal único por financiador y permitir que cada prestador establezca sus valores a partir de un piso determinado. En paralelo, la Secretaría de Discapacidad oficializó para septiembre un incremento mensual del 1,7%, calculado sobre el régimen actualmente vigente.

El tema había generado diferencias incluso dentro del propio oficialismo y se convirtió en uno de los obstáculos para el tratamiento del Presupuesto. Ahora, el Ejecutivo busca reencauzar la negociación mediante una propuesta que permita aumentar los recursos destinados al sector sin avanzar necesariamente con una nueva extensión de la emergencia.

En el caso de las universidades nacionales, la estrategia oficial también contempla elevar la asignación inicialmente prevista, aunque sin aceptar de manera automática el reclamo de las casas de estudio. El proyecto enviado al Congreso contempla $7,349 billones para funcionamiento e inversión, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama una partida de $11 billones.

La diferencia entre ambas propuestas alcanza los $3,65 billones y será uno de los principales puntos de discusión durante el tratamiento parlamentario. El objetivo del oficialismo es encontrar un monto intermedio que permita acercar posiciones con los sectores universitarios y, al mismo tiempo, sostener los lineamientos generales del proyecto de Presupuesto.

En la Casa Rosada también consideran que una mayor asignación de recursos para las universidades podría modificar el escenario judicial que derivó en cautelares y reclamos vinculados con la recomposición salarial prevista en la Ley 27.795.

De esta manera, el Gobierno apuesta a utilizar el debate del Presupuesto 2027 para reformular parte de su propuesta en discapacidad y educación superior, con la intención de recuperar margen de negociación con sus aliados y avanzar hacia un acuerdo que permita la aprobación del proyecto en el Congreso.