Diputados dio media sanción a Inocencia Fiscal II y la reforma del BCRA

La Cámara de Diputados protagonizó una maratónica sesión en la que el oficialismo consiguió avanzar con dos de sus principales iniciativas económicas: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto conocido como Inocencia Fiscal II, que amplía el régimen simplificado de Ganancias y modifica las condiciones bajo las cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede investigar a los contribuyentes.

El proyecto de Inocencia Fiscal obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales. Ahora deberá ser tratado por el Senado para convertirse en ley.

La iniciativa busca ampliar el régimen implementado en diciembre del año pasado y, según el Gobierno, incentivar la formalización de ahorros que actualmente se encuentran fuera del sistema financiero. Desde el oficialismo estiman que existen alrededor de USD 179.000 millones no declarados que podrían incorporarse al circuito formal y destinarse a la inversión.

Durante el debate, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado defendió el proyecto y sostuvo que apunta a modificar la relación entre el Estado y los contribuyentes. “Hay que confiar más en el contribuyente y no tomarlo como un sospechoso por el solo hecho de haber protegido sus ahorros”, afirmó.

En esa línea, planteó que la fiscalización debe concentrarse en quienes evaden, pero sin convertir al resto de los contribuyentes en “sospechosos permanentes”. De todos modos, aclaró que el nuevo régimen no implica una amnistía para los delitos ni impide que sean investigados.

Uno de los principales cambios consiste en eliminar los límites de ingresos y patrimonio que hasta ahora restringían el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. De aprobarse, cualquier persona con residencia fiscal en la Argentina podrá adherir al esquema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por una presentación simplificada.

El proyecto también establece nuevas condiciones para que ARCA pueda impugnar una declaración. El organismo deberá detectar una diferencia de al menos el 15% sobre el impuesto determinado para formular una observación. Además, no se considerará significativa una discrepancia cuando el monto nominal sea igual o inferior a $5 millones, equivalente al 5% del umbral establecido por el Régimen Penal Tributario.

A su vez, el contribuyente contará con un plazo de 15 días hábiles para subsanar la diferencia, rectificar la declaración e ingresar el saldo correspondiente sin que se configure la causal de impugnación.

Otro de los puntos centrales es que la carga de la prueba recaerá exclusivamente sobre ARCA. Sus observaciones deberán sustentarse en datos declarados, registros del sistema o información aportada por terceros.

La reforma también limita el uso de presunciones por parte del organismo recaudador. Hasta el 31 de diciembre de 2027 quedará bloqueada la posibilidad de utilizar como presunción los depósitos bancarios, mientras que otras herramientas de este tipo deberán contar con respaldo probatorio externo y no podrán utilizarse de manera aislada para determinar ajustes tributarios.

El proyecto contempla además un beneficio para distintos sectores: las MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales tendrán una reducción automática del 25% en determinadas multas formales.

Durante el tratamiento en comisión, el oficialismo también acordó excluir de los principales beneficios del régimen a los funcionarios públicos que hayan ocupado cargos de alta responsabilidad durante los últimos cinco años. Podrán utilizar el sistema simplificado para presentar sus declaraciones y pagar los impuestos correspondientes, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a las demás protecciones tributarias previstas.

Desde la oposición, en cambio, cuestionaron que la iniciativa pueda convertirse en una vía para facilitar la incorporación de dinero de origen irregular al sistema formal.

El diputado Martín Lousteau sostuvo que detrás de la simplificación tributaria existe una reducción de las herramientas de control de ARCA y apuntó contra lo que definió como “evasores seriales, narcos y corruptos”.

En el mismo sentido, el legislador de Unión por la Patria Ariel Rauschenberger consideró que el proyecto “se le aproxima a un blanqueo”, porque facilita la incorporación de fondos no declarados y limita la capacidad de revisión del organismo recaudador. “No rechazamos la simplificación tributaria ni la incorporación de recursos al circuito formal. Sí rechazamos que esos objetivos sean utilizados para justificar menos control, menos trazabilidad y mayores beneficios para quienes poseen mayor capacidad económica”, afirmó.

El acuerdo con Singapur y otros proyectos

Durante la misma sesión, Diputados también ratificó el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, que ya había recibido la aprobación del Senado. La iniciativa consiguió un amplio respaldo, con 234 votos a favor y apenas cuatro en contra.

El tratado establece que el 100% de las exportaciones argentinas ingresarán al mercado de Singapur con arancel 0% y contempla disposiciones sobre comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual y comercio electrónico.

El diputado de UxP Santiago Cafiero respaldó el acuerdo y destacó que se trata de un tratado de “segunda generación”, que no se limita a discutir aranceles sino que incorpora otros aspectos de la relación comercial.

Cafiero también reclamó avanzar en una política de Estado que garantice la cooperación comercial con Brasil, en medio de las recientes tensiones diplomáticas entre ambos países.

Desde La Libertad Avanza, el diputado Damián Arabia defendió el acuerdo y sostuvo que el objetivo del Gobierno es evitar que las diferencias políticas interfieran en los vínculos comerciales. “Nosotros queremos que el Estado de Brasil no tome represalias contra la República y los argentinos”, afirmó.

Por otra parte, la Cámara Baja dio media sanción al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), con 147 votos afirmativos y 93 negativos. El proyecto generó cuestionamientos de sectores de la oposición, que advirtieron sobre posibles efectos en la soberanía sanitaria y científica del país.