Más controles migratorios en todo el país: el Gobierno busca detectar extranjeros en situación irregular

El Gobierno profundiza el control migratorio en distintos puntos del país con operativos destinados a detectar extranjeros en situación irregular y avanza, al mismo tiempo, con una reorganización interna de la Dirección Nacional de Migraciones. El nuevo esquema combina controles territoriales, coordinación con las fuerzas federales y herramientas tecnológicas para centralizar información, analizar riesgos y generar alertas.

Los operativos son definidos por Migraciones a partir de tareas de campo y del análisis de zonas con mayor concentración o circulación de extranjeros. Pueden ser planificados con anticipación o activarse a partir de un requerimiento y se realizan en coordinación con la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Según fuentes nacionales, los procedimientos federales no requieren una notificación previa a los gobiernos provinciales.

Uno de los últimos despliegues importantes tuvo lugar en Rosario, donde Migraciones y la Policía Federal movilizaron cerca de 60 agentes y controlaron a unas 420 personas. De acuerdo con fuentes oficiales, se detectaron ocho extranjeros con irregularidades migratorias, entre ellos un ciudadano chino que tenía una orden de expulsión. El operativo se realizó sin aviso previo al Gobierno de Santa Fe.

La respuesta de las autoridades depende del tipo de irregularidad detectada. Si una persona tiene vencido su permiso de permanencia o debe completar un trámite de residencia, Migraciones puede intimarla a regularizar su situación. En caso de comprobarse un ingreso ilegal, puede iniciarse un procedimiento que derive en una expulsión. Si existen causas judiciales pendientes intervienen las fuerzas correspondientes, mientras que ante un requerimiento internacional se activa el circuito judicial.

Este esquema cuenta con un marco legal más amplio desde 2025. El DNU 366/2025 otorgó expresamente a Migraciones facultades para requerir la acreditación de identidad y de la situación migratoria, además de organizar operativos de inspección y fiscalización. La norma también estableció que quienes ingresen por pasos no habilitados o evadan el control migratorio pueden quedar sujetos a expulsión y habilitó el rechazo en frontera cuando la irregularidad sea detectada en el momento.

La expansión territorial se reforzó en junio con la creación del Programa de Seguridad Migratoria. A través de la Resolución 551/2026, Migraciones quedó facultada para trabajar de manera coordinada con las cuatro fuerzas federales, que a su vez deben contar con unidades específicas destinadas a la prevención, detección e investigación de infracciones y delitos vinculados con la situación migratoria.

Los procedimientos ya se extendieron a distintas regiones. En abril, por ejemplo, la Policía Federal, Migraciones y Gendarmería controlaron a 423 personas en Aguaray, Salta, y detectaron a 15 extranjeros en situación irregular. El operativo continuó luego en Tartagal. En julio, en tanto, Gendarmería identificó en Misiones a cinco ciudadanos chinos que no contaban con registro de ingreso legal y Migraciones dispuso su salida hacia Brasil.

A la expansión de los controles se suma una reorganización tecnológica y administrativa. En julio, Migraciones abrió una contratación por 36 meses para gestionar información de pasajeros que ingresan y salen del país a través de aeropuertos internacionales y terminales de cruceros. Ese sistema se complementa con la plataforma de control migratorio, que permite cruzar movimientos con información de Interpol y datos anticipados aportados por las empresas de transporte.

El Gobierno también creó este año el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), integrado por Migraciones, las cuatro fuerzas federales y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. El protocolo contempla cruces automatizados de información y la generación de nuevas alertas a partir de análisis de riesgo, con la obligación de identificar su origen y grado de confiabilidad.

En paralelo, Migraciones estableció nuevas obligaciones para su propio personal. Desde julio, todos los empleados deben firmar un compromiso de confidencialidad y uso de la información que alcanza datos personales, movimientos migratorios, antecedentes, medidas judiciales y actuaciones administrativas. Además, las consultas realizadas en los sistemas pueden quedar registradas y ser auditadas.

El endurecimiento de los controles se combina con una nueva modificación normativa. El DNU 681/2026 incorporó como causal para impedir el ingreso al país y cancelar una residencia que un extranjero haya dirigido mensajes de odio o incitado a la violencia contra argentinos por su nacionalidad, o haya participado en ultrajes contra símbolos patrios.

Para quienes ya cuentan con residencia, la aplicación de esta causal puede derivar en una intimación a abandonar el país o en una expulsión, según las circunstancias de cada caso. El Gobierno busca incorporar este tipo de antecedentes al sistema de alertas migratorias, de modo que puedan quedar asociados a cada persona y ser consultados por los inspectores cuando intente ingresar al territorio nacional.

Sin embargo, todavía resta establecer un protocolo para determinar quién genera esas alertas, qué evidencia se necesita para incorporarlas y qué organismo debe validarlas, un punto especialmente sensible frente a la posibilidad de que las medidas sean cuestionadas ante la Justicia.

En el Ejecutivo consideran que la agenda migratoria tiene una recepción política diferente a otras iniciativas impulsadas por la gestión de Javier Milei. En la Casa Rosada interpretan que el endurecimiento de los controles migratorios responde a una demanda presente dentro de su electorado y anticipan que la política continuará profundizándose.