Después de marchas, paros y reclamos judiciales, el Gobierno y las universidades alcanzaron un acuerdo

Tras más de dos años de conflicto, el Gobierno nacional y las universidades públicas alcanzaron un acuerdo para actualizar salarios y reforzar partidas destinadas al funcionamiento del sistema universitario, en un intento por cerrar una de las disputas más prolongadas de la gestión libertaria.

El entendimiento fue formalizado este mediodía en una reunión realizada en el Palacio Sarmiento, encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto a rectores y representantes gremiales.

El acuerdo contempla una recomposición salarial del 24,33%, distribuida en un incremento del 21,33% para junio y otro 3% en octubre. Además, incluye fondos adicionales para hospitales universitarios, becas estudiantiles y gastos de funcionamiento.

La negociación se produjo luego de dos semanas de conversaciones y puso fin, al menos de manera parcial, a una disputa que desde 2024 derivó en marchas federales, clases públicas, paros docentes, tomas de establecimientos educativos, debates parlamentarios y una batalla judicial que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.

Como parte del entendimiento, el Ministerio de Economía autorizó una partida extraordinaria de $800.000 millones y se comprometió a mantener negociaciones paritarias cada tres meses durante el resto del año.

Además de la actualización salarial, el acuerdo prevé un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios, que se suman a los $80.000 millones ya contemplados en el presupuesto 2026 para esos centros de salud.

También se estableció un incremento del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades y una actualización del 50% para las becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras estratégicas. En cambio, las becas Progresar no fueron incluidas en esta revisión.

Las negociaciones estuvieron encabezadas por el subsecretario Álvarez en representación del Gobierno, mientras que por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) participaron su presidente y vicepresidente, los rectores Franco Bartolacci, de la Universidad Nacional de Rosario, y Anselmo Torres, de la Universidad Nacional de Río Negro.

Uno de los principales obstáculos en la negociación había sido la continuidad de la demanda judicial impulsada por las universidades. El Gobierno pretendía que el CIN desistiera de la acción, mientras que los rectores se negaban a abandonar el reclamo en los tribunales.

La controversia judicial se originó luego de la suspensión, mediante decreto, de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que contemplaba una recomposición salarial y mayores recursos para el sistema universitario. La medida fue cuestionada por las universidades y derivó en una serie de fallos favorables que posteriormente llegaron a la Corte Suprema.

El conflicto también tuvo impacto en el funcionamiento de las casas de estudio. Las autoridades universitarias advirtieron durante los últimos meses sobre una creciente pérdida de docentes producto del deterioro salarial. Según datos del CIN, alrededor de 10.000 profesores abandonaron el sistema universitario, mientras que distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires reportaron centenares de renuncias en los últimos años.

Con la firma del acuerdo, tanto el Gobierno como los rectores buscan descomprimir un frente de conflicto que se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre la administración nacional y la comunidad universitaria desde el inicio de la gestión de Javier Milei.