Denuncian a Manuel Adorni por presuntas irregularidades en contrataciones y la concesión de Tecnópolis

La diputada nacional Marcela Pagano, del monobloque Coherencia, presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que se investiguen presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en la concesión del predio de Tecnópolis.

La presentación, que se conoció este jueves, señala posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones de servicios de mensajería y a un proceso de concesión estatal desarrollado entre 2025 y 2026.

Según consta en el escrito, una licitación impulsada por la Secretaría de Comunicación y Medios habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato superior a los $3.650 millones para el envío de mensajes SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.

En ese proceso, se advierten posibles vínculos societarios entre empresas participantes, como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., lo que —según la denuncia— podría haber afectado los principios de competencia y transparencia en la contratación.

Además, se mencionan variaciones de precios en licitaciones similares y la reiteración de firmas relacionadas, lo que podría configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado, de acuerdo a la presentación.

Por otro lado, el escrito pone el foco en la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso estimado en más de $183.300 millones y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete.

En ese marco, se señala un posible conflicto de interés por la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti —esposa de Adorni—, y empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las firmas preseleccionadas para la concesión junto a DirecTV Argentina.

También se detallan conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que, según la denuncia, podría configurar un entramado incompatible con el ejercicio de la función pública.

De acuerdo al documento al que accedió la agencia Noticias Argentinas, los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Finalmente, la legisladora solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar responsabilidades entre funcionarios y empresarios involucrados.