Biocombustibles: qué propone el nuevo régimen que ahora deberá tratar Diputados

El Senado aprobó un proyecto de ley que propone un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, con un esquema de transición que elevará progresivamente los porcentajes de mezcla con combustibles fósiles hasta 2036, cuando está previsto avanzar hacia un mercado de libre competencia. La iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados para continuar con su tratamiento.

El objetivo declarado del proyecto es dar previsibilidad al sector, incentivar nuevas inversiones, fortalecer la seguridad energética y promover una transición hacia un mercado más competitivo y desregulado, al mismo tiempo que busca sostener el desarrollo de las economías regionales y reducir el impacto ambiental de los combustibles tradicionales.

Uno de los principales cambios está relacionado con los porcentajes obligatorios de corte. Para el gasoil o diésel, el proyecto establece inicialmente un mínimo de 7,5% de biodiesel, porcentaje que deberá subir al 10% después de los primeros doce meses de vigencia de la ley.

En el caso de las naftas, el corte obligatorio inicial será del 12% de bioetanol, con una participación equivalente del 6% para el producido a partir de caña de azúcar y otro 6% para el elaborado con maíz. Después del primer año, la cuota obligatoria trepará al 15%, mientras que el porcentaje restante podrá completarse con bioetanol elaborado a partir de otras materias primas renovables.

El proyecto también establece un régimen de transición hasta 2036, durante el cual se mantendrán determinadas reglas para el abastecimiento y la mezcla obligatoria. La intención es que, a partir de ese momento, el sector avance hacia un esquema de mayor libertad para la formación de precios y la competencia entre los distintos actores del mercado.

Para modificar el actual sistema de comercialización, la iniciativa establece que los volúmenes destinados a cumplir con los cortes obligatorios se asignen mediante subastas públicas en un Mercado Electrónico, operado por un organismo independiente. Los valores internacionales de paridad de importación serán utilizados como referencia para la formación de los precios.

El proyecto declara además de interés público la fabricación, el almacenamiento, la mezcla, la comercialización y el autoconsumo de biocombustibles en todo el territorio nacional.

Otro de los puntos centrales está relacionado con la estructura empresarial del sector y con los mecanismos destinados a evitar la concentración del mercado. El texto diferencia entre empresas integradas verticalmente y aquellas que no forman parte de grandes cadenas productivas. Se considera integrada a una planta que tenga una capacidad superior a 50.000 toneladas anuales y que pertenezca a un grupo económico con fábricas de aceites vegetales o harinas proteicas.

En cambio, serán consideradas empresas no integradas aquellas que tengan una capacidad de producción igual o inferior a 50.000 toneladas anuales o que no pertenezcan a conglomerados aceiteros.

El proyecto incorpora, a partir de esas definiciones, una cláusula antimonopolio: ninguna empresa elaboradora o grupo económico podrá adjudicarse más del 10% del biodiesel comercializado anualmente, mientras que para cada firma se establece además un límite máximo de 50.000 toneladas por año.

A esto se suma la creación de regiones geográficas de negociación, que podrán concentrar hasta el 20% del volumen anual comercializado. El objetivo es mejorar la logística, reducir los costos de transporte y preservar las cadenas de valor agroindustriales del interior del país.

En materia impositiva, la iniciativa establece que los biocombustibles queden exentos del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono, que pasarían a aplicarse únicamente sobre el componente fósil de la mezcla final.

El nuevo marco también contempla la desregulación de otras fuentes de energía renovable, entre ellas el biometano destinado a ser inyectado en gasoductos y el Combustible Sostenible de Aviación (SAF).

La iniciativa fue defendida en el Senado por Flavia Royón, de Primero los Salteños, presidenta de la Comisión de Minería y autora de uno de los proyectos utilizados para elaborar el dictamen. La legisladora sostuvo que la propuesta busca construir una política de largo plazo basada en la previsibilidad y la competencia, además de favorecer el agregado de valor de los granos en origen.

Los principales cuestionamientos llegaron desde provincias de la zona núcleo y otras jurisdicciones productoras. Legisladores de La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires advirtieron que el nuevo esquema podría perjudicar a pequeñas y medianas empresas que actualmente participan del mercado.

Entre los críticos estuvo el senador pampeano Daniel Bensusán, del PJ, quien sostuvo que las nuevas reglas podrían provocar el cierre de pymes del interior y favorecer una mayor concentración de la actividad en grandes empresas vinculadas al complejo agroexportador.

Los cuestionamientos explican parte de los cambios incorporados al proyecto antes del debate en el recinto. Las modificaciones buscaron establecer mayores resguardos para las empresas no integradas, limitar la concentración y contemplar las diferencias regionales, especialmente las derivadas de los costos logísticos que enfrentan las plantas alejadas de los principales centros de comercialización.

En la votación en general, el proyecto obtuvo 41 votos a favor y 25 en contra, en una división que atravesó a los distintos bloques políticos de acuerdo con los intereses productivos de cada provincia. Ahora, la iniciativa deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.