Inocencia Fiscal II: el Senado convirtió en ley el proyecto impulsado por el Gobierno

El Senado de la Nación convirtió en ley la Inocencia Fiscal II, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei para flexibilizar el régimen simplificado de Ganancias, modificar los controles de ARCA y favorecer el ingreso al sistema financiero formal de ahorros que permanecen fuera del circuito declarado. La iniciativa fue aprobada este jueves por 44 votos a favor y 23 en contra, sin abstenciones, y quedó sancionada tanto en general como en particular.

El proyecto contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales, mientras que el peronismo votó en contra. De esta manera, el oficialismo logró reunir los apoyos necesarios después de varias semanas de negociaciones en la Cámara alta.

Durante el debate, el senador libertario Bruno Olivera, miembro informante del proyecto, defendió la iniciativa y sostuvo que apunta a modificar la relación entre el Estado y los contribuyentes. “Este proyecto trata la confianza”, afirmó, y planteó que los contribuyentes deben ser considerados “ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto”.

Desde el peronismo, en cambio, cuestionaron la reforma por considerar que forma parte de un esquema de blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno. El presidente del bloque Justicialista, José Mayans, justificó el rechazo al señalar que la iniciativa se vincula con un programa económico que, según su interpretación, afecta a trabajadores, jubilados y pensionados.

También hubo críticas al tratamiento parlamentario. El senador peronista Jorge Capitanich cuestionó la falta de participación de funcionarios del Ministerio de Economía y de ARCA durante el debate en comisiones y sostuvo que fueron convocados especialistas que, a su criterio, no tenían relación suficiente con el proyecto.

Otro de los puntos discutidos estuvo relacionado con las personas políticamente expuestas. El senador peronista Fernando Salino planteó ampliar las restricciones previstas para funcionarios, legisladores, jueces y ministros también a sus familiares, incluyendo cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes. El planteo buscaba que esas personas debieran justificar ante ARCA eventuales incrementos patrimoniales.

Sin embargo, el oficialismo decidió no aceptar modificaciones y el proyecto fue votado sin cambios en el recinto.

Uno de los principales cambios de la nueva ley es la ampliación del acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Hasta ahora, quedaban excluidos quienes hubieran registrado ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio mayor a $10.000 millones en alguno de los últimos tres años. La nueva norma elimina esos límites de acceso al régimen.

La legislación también redefine el concepto de “discrepancia significativa” entre la información declarada por el contribuyente y los datos que posee el fisco. A partir de la nueva norma, una diferencia del 15% o superior que no supere los $5 millones dejará de ser considerada significativa, de acuerdo con las explicaciones brindadas durante el tratamiento del proyecto.

Otro de los puntos centrales es el denominado “tapón fiscal”, que establece una presunción de exactitud sobre determinadas declaraciones juradas y busca limitar las posibilidades de que ARCA realice controles sobre períodos anteriores cuando se cumplan las condiciones previstas por la ley. Los beneficios asociados al régimen podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2027.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno para incentivar la exteriorización y formalización de ahorros, en particular de dólares que permanecen fuera del sistema financiero. El oficialismo sostiene que la reforma busca generar mayor confianza entre los contribuyentes y simplificar el cumplimiento tributario, mientras que sus detractores advierten que puede funcionar como un nuevo mecanismo de regularización de fondos no declarados.

Con la sanción del Senado, la Inocencia Fiscal II quedó convertida en ley y se suma al paquete de reformas económicas que el Gobierno consiguió aprobar con el acompañamiento de sectores de la oposición dialoguista y bloques provinciales.