Nacionales — 16.09.2026 —
Lijo levantó el secreto bancario de Chiqui Tapia y ordenó investigar su patrimonio
La medida se tomó en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito e incluye pedidos de información a bancos, ARCA, CEAMSE, UIF, CNV y plataformas de criptomonedas.
La investigación contra Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito sumó un nuevo capítulo: el juez federal Ariel Lijo levantó los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero del presidente de la AFA y ordenó una amplia batería de medidas para reconstruir su situación patrimonial.
La decisión fue tomada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita y contempla alrededor de 20 medidas de prueba destinadas a determinar sus ingresos, bienes, movimientos financieros y evolución patrimonial durante el período en el que se desempeñó como funcionario del CEAMSE.
Entre otras medidas, Lijo solicitó a ARCA las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, además de información sobre bienes, cuentas, participaciones societarias, facturación, consumos y activos en el exterior. También pidió al Banco Central que consulte a las entidades financieras sobre posibles cuentas, préstamos, inversiones, tarjetas, cajas de seguridad y transferencias vinculadas con Tapia.
El relevamiento también alcanzará a billeteras virtuales y plataformas de criptomonedas, con pedidos de información a empresas como Binance, Ripio, Belo, Ualá y OKX. La investigación incluye además requerimientos a la CNV, UIF, registros de propiedades y vehículos, Migraciones, compañías de tarjetas y empresas de remesas.
A su vez, el juez libró un exhorto internacional a la CONMEBOL para conocer el legajo de Tapia, los cargos que ejerció, sus ingresos y las cuentas utilizadas para el pago de sus remuneraciones.
Tapia estuvo vinculado al CEAMSE entre 2016 y 2025, primero como vicepresidente en representación de la Ciudad de Buenos Aires y luego como presidente en representación de la provincia de Buenos Aires. Su cargo como presidente de la AFA, que es ad honorem, no forma parte de la investigación.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni. Ahora, las medidas ordenadas por Lijo buscan establecer si los movimientos económicos y el crecimiento patrimonial del dirigente guardan relación con los ingresos declarados y su capacidad contributiva durante el período investigado.
