Privatización de represas: denuncian una “cadena de ilegalidades” y apuntan a las adjudicaciones al Grupo Neuss

La Fundación Soberanía amplió una denuncia judicial en la que sostiene que existió una “cadena de ilegalidades” en el proceso de privatización de las represas hidroeléctricas del Complejo Comahue y pidió que se investiguen las adjudicaciones y, si corresponde, sean anuladas. Entre las empresas alcanzadas por el planteo aparece Edison Inversiones S.A.U., del Grupo Neuss, adjudicataria de Alicurá y Cerros Colorados.

La presentación cuestiona distintos aspectos del procedimiento llevado adelante por el Gobierno nacional y apunta especialmente al mecanismo utilizado para valuar los activos estatales. Según la Fundación, se habría configurado un esquema destinado a subvaluar los bienes y favorecer su transferencia a un grupo reducido de empresas, una acusación que deberá ser analizada en el marco de la causa que tramita ante el Juzgado Federal de General Roca.

Además de Edison Inversiones, el escrito menciona a BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy y vinculada al empresario Manuel Santos Uribelarrea, adjudicataria de El Chocón-Arroyito; y a Central Puerto S.A., adjudicataria de Piedra del Águila y cuyos principales accionistas mencionados en la presentación son Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escassany.

La Fundación sostiene que las adjudicaciones terminaron conformando “un circuito de beneficiarios de las privatizaciones del gobierno nacional” y solicitó que los empresarios mencionados sean citados en el marco de la investigación.

Los cuestionamientos al proceso

Uno de los puntos centrales de la ampliación de la denuncia está relacionado con la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) y su posterior reemplazo por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para la valuación.

Según la presentación, la secuencia de comunicaciones entre la Secretaría de Energía y el Tribunal de Tasaciones demostraría que no se otorgaron los tiempos necesarios para que el organismo especializado pudiera realizar su tarea.

La Fundación sostiene que el objetivo habría sido generar una situación que permitiera justificar la intervención de otra entidad. “La secuencia temporal de las notas intercambiadas entre la Secretaría de Energía y el TTN [...] demuestra una evidente falta de buena fe administrativa y la preconstitución de una causal de imposibilidad temporal”, afirma el escrito.

A partir de esa situación intervino el BICE, cuya unidad de valuación reemplazó al Tribunal de Tasaciones por decisión del Ministerio de Economía.

Ese punto también forma parte de los cuestionamientos judiciales. Según la denuncia, el banco no tendría competencia legal específica para realizar este tipo de tasaciones ni la independencia técnica necesaria, debido a su relación con el propio Ministerio de Economía, encargado de impulsar el proceso de privatizaciones.

Para la Fundación Soberanía, esta situación habría provocado una concentración de funciones dentro de una misma estructura estatal, al quedar vinculados la valuación de los activos, la elaboración de los pliegos, la licitación y la adjudicación.

La discusión por el método de valuación

Otro de los aspectos cuestionados es la metodología utilizada para determinar el valor de los activos. La presentación objeta el empleo del sistema de Flujo de Fondos Descontados y sostiene que ese procedimiento podría derivar en una valuación inferior del patrimonio estatal.

Para respaldar ese planteo, la denuncia cita al ingeniero Daniel E. Martín, integrante del propio Tribunal de Tasaciones de la Nación, quien ha cuestionado que el flujo de fondos pueda considerarse una tasación propiamente dicha y lo define como un ejercicio basado en ganancias hipotéticas.

La presentación también menciona antecedentes del TTN en los que se utilizó el método patrimonial o de valor sustantivo para la valuación de empresas y sostiene que esa metodología permitiría determinar de otra manera el valor de los activos involucrados.

A partir de estos elementos, la Fundación plantea que la combinación entre la necesidad recaudatoria del Gobierno y la intervención de un organismo cuya independencia técnica cuestiona podría haber generado condiciones para una subvaluación.

Las adjudicaciones al Grupo Neuss

Dentro de la presentación tienen un lugar particular las adjudicaciones de Alicurá y Cerros Colorados a Edison Inversiones S.A.U., empresa vinculada a los hermanos Patricio y Juan Neuss.

El escrito también hace referencia a presuntos vínculos de los empresarios con el asesor presidencial Santiago Caputo. Se trata de una afirmación incluida por los denunciantes y que forma parte de los elementos que solicitan que sean investigados.

La denuncia vincula esas adjudicaciones con las realizadas a BML Inversora y Central Puerto y sostiene que existiría un patrón común entre distintas privatizaciones impulsadas por el Gobierno nacional.

Con esos argumentos, la Fundación Soberanía solicitó a la Justicia citar a los empresarios mencionados, profundizar la investigación sobre el mecanismo utilizado para valuar y adjudicar los activos y determinar si corresponde declarar la nulidad de las privatizaciones.

La presentación quedó incorporada a la causa que se tramita en el Juzgado Federal de General Roca, a cargo del juez Hugo Greca, donde deberán analizarse los cuestionamientos formulados sobre el proceso.