El Senado aprobó la Ley de Propiedad Privada, pero el Gobierno debió ceder en puntos clave

El Senado aprobó durante la madrugada la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque el Gobierno debió ceder en varios de los puntos más sensibles del proyecto original. La iniciativa, que ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados, llegó al recinto después de que el oficialismo retirara el capítulo que flexibilizaba la venta de tierras rurales a extranjeros y, durante la sesión, también resignara las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.

La votación se produjo en una jornada marcada por las negociaciones entre La Libertad Avanza y sus aliados, con distintos cambios sobre el texto que había obtenido dictamen. El resultado dejó en pie los artículos vinculados principalmente con expropiaciones y desalojos, mientras que dos de los capítulos que habían generado mayor controversia quedaron fuera de la discusión.

Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando el oficialismo aceptó retirar el capítulo referido al Manejo del Fuego. De esta manera, seguirán vigentes las restricciones actuales para el uso de tierras afectadas por incendios, que contemplan bloqueos durante 30 o 60 años, según el caso.

El capítulo había sido cuestionado incluso por algunos sectores que habitualmente acompañan al Gobierno. El senador radical Maximiliano Abad se había mostrado especialmente crítico y advirtió que la modificación podía entrar en conflicto con la protección ambiental establecida por la Constitución.

“El artículo 41 de la Constitución reconoce el derecho a un ambiente sano y la jurisprudencia ha consolidado el principio de no regresión ambiental”, sostuvo Abad durante el debate.

El legislador consideró además que la reforma podía terminar judicializada y afectar la previsibilidad que el propio Gobierno busca garantizar con el proyecto.

Una ley que llegó al recinto después de varias modificaciones

La iniciativa había sido presentada originalmente con un alcance mucho más amplio. Uno de los puntos centrales era la modificación de la normativa sobre tierras rurales y su adquisición por parte de extranjeros, pero el oficialismo debió retirarlo ante la falta de votos para aprobarlo.

La decisión había sido tomada un día antes de la sesión, luego de que varios gobernadores que habían mostrado disposición a acompañar al Gobierno se manifestaran en contra del capítulo. Entre ellos estuvieron Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Rolando Figueroa y Hugo Passalacqua, cuyos senadores terminaron rechazando la propuesta.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había defendido públicamente ese capítulo y lamentó su retiro, al considerar que podía favorecer inversiones en distintas provincias. Sin embargo, la falta de respaldo político obligó a La Libertad Avanza a quitarlo del proyecto.

A esas modificaciones se sumó ahora el retiro del capítulo sobre Manejo del Fuego, lo que dejó una versión considerablemente más acotada de la iniciativa que había llegado originalmente al Congreso.

Qué cambios quedaron aprobados

Entre los principales puntos que sobrevivieron a las negociaciones se encuentran las modificaciones al régimen de expropiaciones. El proyecto establece que la declaración de utilidad pública deberá ser específica y concreta y que la expropiación deberá resultar idónea, necesaria y proporcional al objetivo perseguido.

También modifica el criterio para determinar las indemnizaciones. El texto establece que deberán contemplar el valor objetivo del bien y su valor de mercado, además de los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación.

A su vez, incorpora límites para determinados componentes de la indemnización y establece condiciones específicas para los casos de inmuebles destinados a vivienda única y permanente cuyos ocupantes puedan acreditar diez años de posesión pacífica, ostensible y continua con causa lícita.

Otro de los capítulos que se mantuvo fue el referido a los desalojos, tanto por usurpaciones como por falta de pago de alquileres.

Para los inmuebles destinados a vivienda, el proyecto establece que antes de iniciar una demanda por falta de pago el propietario deberá intimar al inquilino y otorgarle un plazo de al menos 10 días corridos para cancelar la deuda.

Una vez vencido ese plazo o extinguida la relación contractual, el locatario deberá restituir el inmueble. Si no lo hace, el propietario podrá iniciar una acción de desalojo que deberá tramitarse mediante el procedimiento judicial más breve previsto por la legislación.

Un debate atravesado por críticas y cruces políticos

Durante la sesión, la oposición cuestionó especialmente la forma en que el oficialismo llegó al recinto con un texto que había sufrido numerosas modificaciones desde el dictamen original.

El senador peronista Pablo Bensusán sostuvo que, más allá del retiro del capítulo de tierras, el resto de la iniciativa también podía afectar recursos estratégicos del país. Y cuestionó que los legisladores recibieran modificaciones poco antes del comienzo del debate.

“Otra vez estamos debatiendo sobre un dictamen que no sabemos de qué se trata”, afirmó Bensusán, quien cuestionó que los cambios se hubieran realizado fuera del trabajo de las comisiones.

Desde el peronismo también hubo fuertes críticas contra la estrategia del Gobierno. La senadora riojana Florencia López calificó al oficialismo como un “Gobierno chapucero, desorganizado” y cuestionó los cambios de último momento que terminaron dejando afuera dos capítulos centrales.

Por su parte, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió el espíritu general de la iniciativa y reivindicó la necesidad de fortalecer las herramientas para proteger la propiedad privada. “Pareciera que la propiedad privada es una mala palabra”, sostuvo durante su intervención.

La senadora también cuestionó las ocupaciones de terrenos y viviendas y afirmó que el proyecto busca brindar “certeza a los ciudadanos”.

Con la aprobación en el Senado, el proyecto quedó ahora en manos de Diputados, donde deberá atravesar una nueva instancia de negociación. La versión que llegará a esa Cámara será, sin embargo, sustancialmente diferente de la iniciativa que el Gobierno impulsó originalmente, después de los retrocesos en materia de extranjerización de tierras y Manejo del Fuego.