Nacionales — 24.07.2026 —
Libreros y editoriales alertan por el proyecto oficial para derogar la ley del precio único de los libros
El sector editorial expresó su rechazo a la iniciativa que impulsa el Gobierno nacional dentro de un nuevo paquete de desregulación económica. Sostienen que la eliminación de la normativa pondría en riesgo la red de librerías independientes y la producción editorial.
El nuevo intento del Gobierno nacional de derogar la Ley 25.542, que establece el precio único de venta de los libros, generó una fuerte reacción de preocupación entre editoriales, librerías, escritores y entidades vinculadas al sector cultural, que advierten sobre el impacto que la medida podría tener en toda la cadena del libro.
La iniciativa forma parte del paquete de desregulación económica que el Poder Ejecutivo prevé enviar al Congreso en los próximos días. Si prospera, cada librería, cadena comercial o plataforma de ventas podrá fijar libremente el precio de un mismo título, ofreciendo promociones y descuentos sin las limitaciones que establece la normativa vigente desde 2001.
Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado sostienen que el objetivo es favorecer la competencia entre comercios y reducir el precio de los libros para los consumidores, al tiempo que remarcan que la medida no elimina editoriales, librerías ni derechos de autor, sino que busca permitir una mayor libertad comercial.
Sin embargo, la propuesta encendió las alarmas en el sector editorial, que considera que la eliminación del precio único pondría en riesgo la supervivencia de muchas librerías independientes y afectaría la diversidad de la oferta editorial.
En un documento conjunto, más de veinte entidades, entre ellas la Cámara Argentina del Libro (CAL), la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP), la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (Falpa), la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI), asociaciones de escritores y universidades, manifestaron su rechazo al proyecto.
Las organizaciones recordaron que el Estado no fija el valor de los libros, sino que cada editorial determina el precio de venta al público, mientras que la ley únicamente garantiza que ese valor sea respetado por todos los puntos de venta. Según explicaron, ese sistema evita que grandes cadenas o plataformas comerciales utilicen descuentos agresivos para desplazar a las librerías más pequeñas.
Además, señalaron que el precio único del libro es una herramienta utilizada en países como Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, Japón y Corea del Sur, donde se considera una política destinada a proteger la bibliodiversidad y el acceso a una amplia oferta de publicaciones.
Las entidades también cuestionaron el argumento oficial de que la desregulación permitiría bajar los precios. En ese sentido, citaron experiencias internacionales, como las de Reino Unido, Suiza y Australia, donde, tras eliminar mecanismos similares, los libros no se abarataron, mientras que sí se produjo un marcado retroceso de las librerías independientes y una mayor concentración del mercado.
Frente a este escenario, representantes del sector comenzaron una ronda de reuniones con funcionarios nacionales y legisladores para intentar frenar la iniciativa antes de que avance en el Congreso. Paralelamente, distintos referentes políticos de la oposición expresaron públicamente su rechazo al proyecto, mientras que dirigentes cercanos al oficialismo defendieron la propuesta impulsada por el Gobierno.
Desde las cámaras editoriales advirtieron que la desaparición de librerías independientes no solo afectaría al comercio, sino también a la producción cultural, al reducir los espacios de circulación para nuevas editoriales y autores, y remarcaron que una red de librerías puede tardar décadas en consolidarse, pero muy poco tiempo en perderse.







