Nacionales — 24.07.2026 —
El Gobierno presentó en Diputados la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal
La iniciativa busca ampliar el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias e incentivar el ingreso al sistema de dólares que permanecen fuera del circuito financiero formal. El oficialismo aspira a aprobarla durante agosto.
El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca ampliar el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias con el objetivo de incentivar que más contribuyentes ingresen al sistema y favorecer la incorporación de dólares que actualmente permanecen fuera del circuito financiero formal.
El proyecto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros Luis Caputo y Sandra Pettovello, será debatido una vez que el Congreso retome su actividad en agosto. La intención del oficialismo es lograr su aprobación antes de fin de mes, aunque para ello deberá negociar con bloques aliados, ya que La Libertad Avanza no cuenta con los votos suficientes para sancionar la iniciativa por sí sola.
En ese escenario, el Gobierno buscará sumar el respaldo del PRO, la UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo y Provincias Unidas, tanto para obtener los dictámenes en comisión como para reunir la mayoría necesaria en el recinto.
Uno de los puntos que podría generar mayor discusión es que el proyecto permite que funcionarios públicos también puedan adherir al régimen, una disposición que ya despertó cuestionamientos incluso entre sectores aliados al oficialismo, quienes plantean la posibilidad de excluirlos del beneficio.
Más contribuyentes podrán adherir al régimen
La iniciativa propone ampliar el universo de personas habilitadas para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias, permitiendo que puedan hacerlo todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país.
Hasta ahora, el sistema estaba reservado para contribuyentes con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. Según el Gobierno, la modificación busca "democratizar el acceso" a un esquema que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Cambios en los controles de ARCA
El proyecto también introduce modificaciones en las facultades de fiscalización de ARCA, que mantendrá controles integrales sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica, aunque redefine el concepto de "discrepancia significativa", criterio que habilita una revisión de las declaraciones juradas.
De acuerdo con la propuesta, esa situación se configurará cuando una fiscalización determine un incremento del impuesto o una reducción de quebrantos igual o superior al 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.
Operaciones bancarias y prevención del lavado
Otro de los ejes del proyecto establece que quienes adhieran al régimen deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Además, la iniciativa prevé que esos fondos puedan acceder a los beneficios previstos por la legislación vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y encomienda a la Unidad de Información Financiera (UIF) dictar normas para que la adhesión al régimen sea considerada un antecedente favorable en materia de prevención del lavado de dinero.
No obstante, el texto aclara que esa condición no exime a bancos, entidades financieras y demás sujetos obligados de cumplir con los procedimientos de identificación de clientes, debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas establecidos por la normativa vigente.
