Argentina pidió frenar pedidos “intrusivos” y el desacato en el juicio por YPF

El Gobierno nacional presentó en las últimas horas un pedido formal ante la jueza Loretta Preska para que se suspenda el proceso de discovery y el pedido de desacato impulsado por los demandantes en el juicio vinculado a la expropiación de YPF.

La presentación fue realizada ante el Juzgado del Segundo Distrito de Nueva York y, según señalaron desde la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), busca frenar lo que calificaron como un “hostigamiento sistemático” contra el Estado argentino mediante requerimientos de información considerados intrusivos y desproporcionados.

En el escrito, el Gobierno advirtió que este tipo de pedidos afecta de manera directa la soberanía argentina y las relaciones internacionales, al tratarse de acciones dirigidas contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos.

El proceso de discovery permite a los beneficiarios del fallo solicitar información con el objetivo de identificar posibles activos embargables para el cumplimiento de la sentencia. No obstante, desde la PTN recordaron que, a diferencia de gestiones anteriores en las que la Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades, desde la asunción del actual gobierno, en diciembre de 2023, el país cumplió plenamente con todas las obligaciones ordenadas por el tribunal.

En ese sentido, destacaron que el Estado argentino realizó un “esfuerzo extraordinario” para aportar toda la información razonablemente relevante, con un volumen de documentación entregada sin precedentes en este tipo de procesos.

Pese a ello, advirtieron que los demandantes intensificaron sus reclamos con solicitudes “jurídicamente inaceptables, invasivas, costosas y completamente ajenas al objeto del proceso”, entre las que mencionaron una reciente moción de desacato y pedidos de información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina.

Al respecto, el Gobierno aclaró que dichas reservas son propiedad del Banco Central y se encuentran protegidas por la inmunidad de ejecución, por lo que constituyen activos no embargables y cualquier requerimiento de información sobre ellas resulta improcedente.

Desde la Procuración del Tesoro sostuvieron que el discovery impulsado por los demandantes “se ha desnaturalizado” y se transformó en una herramienta destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino. Además, señalaron que los propios demandantes expresaron su intención de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica del país, una conducta que calificaron como inaceptable tanto en términos jurídicos como morales.

Finalmente, el Gobierno ratificó que la República Argentina continuará utilizando todas las herramientas legales a su alcance y en todas las instancias judiciales disponibles para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y frenar pedidos que consideró ilegítimos y contrarios a la Constitución y al derecho internacional.