Nacionales — 12.06.2025 —
Cristina Kirchner espera una definición judicial mientras el Gobierno ya propuso un lugar de detención
La ex presidenta solicitó cumplir la condena en prisión domiciliaria, mientras el Ministerio de Seguridad ya propuso un lugar de detención. La Corte Suprema dejó firme la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua.
La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner atraviesa una etapa clave tras la confirmación de su condena por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de la causa Vialidad. Con la pena firme —seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos—, el Tribunal Oral Federal 2 dio a la ex presidenta y los demás condenados cinco días hábiles para presentarse voluntariamente en los tribunales de Comodoro Py.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación remitió al tribunal un informe con la propuesta de un lugar de detención para Cristina Kirchner, aunque el contenido fue clasificado como reservado y permanece bajo resguardo. La decisión se da en el marco de la evaluación de un pedido de prisión domiciliaria solicitado por su defensa, encabezada por Carlos Beraldi.
Según el planteo, la prisión domiciliaria “es una medida adecuada para garantizar el cumplimiento de la pena, sin afectar la dignidad ni las condiciones humanas” y no implica un privilegio, sino una medida en línea con su edad (72 años), su condición de ex presidenta y el antecedente de haber sido víctima de un intento de magnicidio en 2022. "No se ha podido o querido avanzar respecto a los autores intelectuales del intento de homicidio", advierten los abogados.
Por instrucción del juez Jorge Gorini, el TOF 2 ordenó un informe socioambiental en el domicilio actual de la ex presidenta, en la calle San José, para verificar condiciones de salud, entorno familiar y factibilidad de cumplimiento. También solicitó opinión al fiscal Diego Luciani, quien junto a Sergio Mola reclamó la detención inmediata de todos los condenados, cuestionando el plazo otorgado por el tribunal.
La defensa también pidió que las notificaciones sean realizadas por videoconferencia, evitando la exposición de Cristina Kirchner y eventuales movilizaciones, como ocurrió en 2016. Señalan además que, en caso de concederse la domiciliaria, no sería necesario el uso de tobillera electrónica, dado que la ex presidenta “siempre estuvo sometida al accionar de la justicia”.
En paralelo, Cristina Kirchner cuestionó con dureza al Poder Judicial, al Gobierno y al poder económico, en un discurso brindado en la sede del Partido Justicialista. “El Partido Judicial le agrega el cepo al voto popular”, afirmó, y denunció una estrategia de persecución: “Cuando este Presidente que tenemos de monigote se caiga, quieren que el campo popular no pueda organizarse”.
“Pondremos el cuerpo porque los peronistas no nos profugamos. Eso lo hace la derecha mafiosa”, sentenció, en una intervención que combinó crítica institucional, tono desafiante y un llamado a la militancia. “Estar presa es un certificado de dignidad política”, agregó.
Mientras tanto, sectores del oficialismo denunciaron una maniobra de proscripción política, mientras la oposición reivindicó la decisión como una reafirmación de la independencia del Poder Judicial. En simultáneo, continúan las manifestaciones en apoyo a la ex mandataria, tanto frente a su domicilio como en sedes partidarias.
El TOF 2 podría resolver en las próximas horas si concede o no la domiciliaria. La posibilidad de una movilización masiva en caso de una presentación presencial sigue latente, y la tensión política continúa en aumento, con implicancias que trascienden lo judicial.