El operativo policial en Río de Janeiro dejó al menos 132 muertos, según la Defensoría

La operación policial a gran escala en Río de Janeiro dejó un saldo mortal sin precedentes: la Defensoría Pública regional informó un balance de 132 muertos, entre ellos varios presuntos miembros de bandas y cuatro agentes, tras enfrentamientos en los complejos de la Penha y del Alemão. La cifra fue divulgada mientras familiares y vecinos buscaban a desaparecidos y varios cadáveres aparecieron alineados en espacios públicos.

La intervención, que según las autoridades buscaba ejecutar órdenes contra el Comando Vermelho, movilizó a un contingente numeroso de fuerzas —reportes consignan alrededor de 2.500 agentes— y se desarrolló con el despliegue de vehículos blindados, incautación de armas y detenciones; las cifras provisionales de la policía hablan de decenas de arrestos y centenares de armas y estupefacientes requisados. Testimonios de vecinos, imágenes y reportes periodísticos consignaron además que residentes trasladaron más de 60 cadáveres a la plaza São Lucas para que fueran reconocidos y retirados por las autoridades forenses.

Vecinos y organizaciones relataron escenas de gran conmoción: cuerpos alineados en plazas, víctimas con heridas graves y familias desesperadas por identificar a sus parientes. Testigos y abogados presentes denunciaron la presencia de cadáveres con disparos en la nuca y otras lesiones, y pidieron la intervención de organismos externos para realizar peritajes independientes. Al mismo tiempo, las imágenes difundidas por medios muestran calles y zonas habituales de actividad totalmente desiertas tras la operación. 

Las autoridades del gobierno regional justificaron la intervención y sostuvieron que muchos de los fallecidos “reaccionaron” ante la actuación policial, definiendo la operación como un avance contra estructuras delictivas que habían provocado bloqueos y ataques en la ciudad. No obstante, existe una disparidad entre los números difundidos oficialmente por el Estado y los recabados por organismos de la sociedad civil y la Defensoría Pública, lo que alimenta pedidos de explicación y auditoría del procedimiento. 

Organizaciones de derechos humanos, líderes locales y organismos internacionales expresaron alarma por la elevada letalidad y reclamaron investigaciones imparciales; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU han sido señaladas como posibles instancias para acompañar peritajes y la supervisión de las pesquisas. Mientras tanto, la ciudad intenta normalizar la vida cotidiana: algunos corredores viales fueron liberados y el transporte empezó a reanudar la circulación, aunque varias escuelas y comercios permanecían cerrados en los barrios más afectados.