Nacionales — 22.09.2025 —
El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad pero postergó su aplicación hasta definir financiamiento
La norma fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 681/2025. El Ejecutivo alegó un fuerte impacto fiscal y decidió esperar a que el Parlamento incorpore partidas en el presupuesto. Mientras tanto, se dispuso una readecuación para actualizar aranceles a prestadores desde octubre.
El Gobierno promulgó este lunes la Ley 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial y ratificara el proyecto original. La medida se oficializó mediante el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial.
No obstante, el Poder Ejecutivo resolvió que su aplicación quede suspendida hasta que el Parlamento determine las fuentes de financiamiento y disponga las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.
En el decreto, el Gobierno argumentó que la implementación de la ley generaría un alto impacto fiscal. Según cálculos oficiales, la creación de nuevas pensiones demandaría $2,1 billones en 2025 (0,26 % del PBI) y $4,7 billones en 2026 (0,47 % del PBI). A esos montos se suman los costos del Programa Incluir Salud y de una compensación extraordinaria a prestadores, lo que eleva el gasto total estimado a $3 billones, equivalentes al 0,35 % del PBI.
El texto oficial señaló que el Congreso “omitió indicar de manera precisa” de dónde provendrán los recursos, y sostuvo que la facultad de reasignar partidas del jefe de Gabinete “no constituye una fuente concreta ni suficiente”.
La ley había sido vetada por el presidente Javier Milei en agosto, con el argumento de que era necesario asegurar criterios de sostenibilidad fiscal. Sin embargo, con mayoría especial en ambas cámaras, el Parlamento insistió con la sanción y dejó sin efecto el veto.
En paralelo, el Ejecutivo avanzó con una medida adicional: mediante la Decisión Administrativa 24/2025, se dispuso una readecuación presupuestaria que refuerza los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los recursos se destinarán a actualizar los aranceles a prestadores desde el 1° de octubre, en respuesta a los reclamos del sector.
El refuerzo surge de la reducción de partidas asignadas a la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro, y busca cubrir gastos urgentes vinculados al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
