Nacionales — 05.08.2025 —
Causa YPF: la Argentina busca bloquear la denuncia de una ONG
En un escrito presentado ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, el país reiteró su voluntad de investigar el ingreso de los Eskenazi a la petrolera. Si se prueba que hubo encubrimiento, podría avanzar con nuevas acciones.
Por Santotomealdía
El Gobierno argentino dio un paso clave en la causa por la expropiación de YPF al solicitar que se bloquee la intervención de una ONG en el juicio que tramita en Estados Unidos. La presentación, realizada ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, busca separar la apelación de la organización RA4ARG del recurso principal interpuesto por la Argentina contra el fallo de la jueza Loretta Preska, que condenó al país a pagar más de 16 mil millones de dólares.
El argumento central del escrito es que la apelación de RA4ARG y la del Estado nacional abordan cuestiones legales diferentes. Mientras el Gobierno discute el fondo del caso, la ONG insiste en que le fue negado indebidamente su derecho a participar como tercero interesado en el proceso judicial.
Pero el contenido más relevante del documento oficial fue la postura del Gobierno sobre las denuncias de corrupción vinculadas al ingreso del Grupo Eskenazi a la petrolera durante los gobiernos kirchneristas. En el texto, la Argentina aseguró que “toma con seriedad todas las denuncias de corrupción” y expresó su voluntad de colaborar con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en cualquier investigación relacionada.
Según esa presentación, si se comprobara que hubo encubrimiento, ocultamiento de pruebas o testimonios falsos, el país podría avanzar en acciones para solicitar la nulidad del fallo de Preska.
La causa judicial sigue generando derivaciones políticas y judiciales. Las sospechas sobre el rol del Grupo Eskenazi ya fueron mencionadas en otras investigaciones relevantes en la Argentina, como el caso “Vialidad”, y ahora podrían tener un impacto en el proceso que se desarrolla en Nueva York.
Mientras tanto, RA4ARG tiene un plazo de 21 días para responder a los argumentos presentados tanto por la Argentina como por el fondo demandante. En paralelo, también está pendiente de resolución un pedido de la misma ONG para suspender la audiencia de apelación en el caso Petersen, prevista para fines de octubre.
La decisión de la Cámara del Segundo Circuito sobre esa solicitud podría alterar el calendario del proceso y marcar un nuevo giro en uno de los litigios más costosos para el país.
