Juicio por YPF: Preska rechazó el pedido argentino y se agrava la amenaza de embargo sobre YPF

El Gobierno argentino en el juicio por la expropiación de YPF, lo que mantiene firme la sentencia que ordena transferir el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los fondos demandantes, principalmente Burford Capital y Eton Park.

El revés judicial representa un nuevo obstáculo para la estrategia oficial, que intenta evitar la ejecución del fallo millonario por más de 16.000 millones de dólares. La defensa nacional, encabezada por el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, ya anticipó que recurrirá a la Cámara de Apelaciones, no solo para impugnar la entrega de acciones, sino también para solicitar una suspensión que permita ganar tiempo hasta una definición definitiva.

Preska cuestionó con dureza el accionar del Estado argentino, al señalar que “la República ha abusado de las concesiones del Tribunal” y responsabilizarla por la falta de una garantía que podría haber evitado el embargo. Además, fijó como plazo límite el 17 de julio para concretar la transferencia de los títulos. En caso de incumplimiento, el país podría enfrentar un pedido de desacato, aunque aún no hay certeza sobre esta posibilidad.

La situación se agrava con la convocatoria a una audiencia urgente, donde se debatirá la entrega de información vinculada al "alter ego" del Estado. Los beneficiarios del fallo buscan extender los embargos a otras entidades públicas como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Enarsa y el Banco Central, bajo el argumento de que actúan como parte del mismo entramado estatal.

Frente a este escenario, el Gobierno articula una estrategia paralela en el plano diplomático. Entre las medidas se analiza sumar amicus curiae de países aliados, como Uruguay y Paraguay, además de fundamentar la apelación en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y en principios del derecho internacional.

El origen del conflicto se remonta a 2012, cuando el Estado expropió el 51% de YPF sin realizar una oferta pública al resto de los accionistas. Burford y Eton Park compraron luego los derechos de litigio del grupo Petersen, accionista minoritario afectado por esa maniobra. La sentencia de Preska, dictada en septiembre de 2023, se transformó en la mayor condena económica contra la Argentina en el exterior.

En un contexto de restricciones fiscales, deuda y negociaciones internacionales, el desenlace del caso YPF aparece como una pieza decisiva en la hoja de ruta económica del Gobierno nacional. El presidente Javier Milei afirmó que el fallo “viola la ley argentina” y sostuvo que para ejecutarlo sería necesario el aval del Congreso, algo que —según dijo— “no va a ocurrir”.