Con modificaciones, el Concejo sancionó la emergencia en equipamiento

El Concejo Municipal aprobó este mafrtes la ordenanza que declara el Estado de Emergencia en Equipamiento Municipal, pero lo hizo introduciendo modificaciones respecto del proyecto original enviado por el Ejecutivo. Entre los cambios más relevantes, se destaca la reducción del plazo de la emergencia, que pasó de un año a seis meses, con la posibilidad de prórroga por igual período en caso de que subsistan las condiciones que motivaron la medida.

Además, se incorporó un artículo que crea la Comisión de Seguimiento para la Emergencia, un mecanismo institucional que no figuraba en el texto original. Esta comisión será convocada por el Ejecutivo cada dos meses y tendrá como función controlar el desarrollo del estado de emergencia, incluyendo avances, propuestas y estados contables. En caso de que el Ejecutivo no convoque en los plazos establecidos, la comisión podrá autoconvocarse.

Otro cambio importante fue el ajuste en el alcance de los servicios contemplados en la emergencia. La versión aprobada elimina el servicio de alumbrado público, que sí figuraba en el proyecto original, y mantiene la posibilidad de adquirir, reparar o alquilar maquinarias, equipos y rodados para la ejecución de obras viales, la recolección y disposición de residuos domiciliarios, los servicios de poda, desmalezado y limpieza de espacios públicos, así como la provisión de agua corriente y el servicio sanitario de red cloacal.

La ordenanza también establece que las compras y contrataciones necesarias para implementar estas acciones serán consideradas de emergencia. Por lo tanto, el Municipio queda eximido de los procedimientos administrativos previstos en la Ordenanza N.º 2856/2011 y sus modificatorias, aunque deberá actuar con apego al principio de transparencia y justificar debidamente la razonabilidad de los precios seleccionados.

Con esta herramienta, el Ejecutivo podrá avanzar en la adquisición o reparación del equipamiento necesario para mejorar la prestación de los servicios públicos en la ciudad, en un contexto de limitaciones operativas reconocidas por el propio municipio.