Pablo Cococcioni: “No vamos a permitir que algunos vivos hagan negocios particulares con la seguridad”

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe intervino por tres meses la Unidad Regional II de la Policía, con sede en Rosario, tras una investigación que reveló maniobras de malversación de fondos públicos vinculadas al sistema de carga de combustible para patrulleros. La causa ya dejó un saldo de 17 personas detenidas, entre ellas 13 efectivos policiales y 4 civiles.

“No vamos a permitir que algunos vivos hagan negocios particulares con la seguridad”, afirmó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, durante una conferencia de prensa ofrecida este lunes junto a los fiscales regionales Matías Merlo y José Luis Caterina. La investigación fue impulsada por la Oficina de Violencia Institucional y la Subsecretaría de Control Policial.

Cococcioni detalló que la intervención está a cargo del director general Claudio Romano, reincorporado al servicio activo. La medida incluye también una auditoría integral de la gestión logística y administrativa, con especial énfasis en el área de movilidad y los controles de carga de combustible.

“La posición del Gobierno de la Provincia de Santa Fe es inamovible en nuestro compromiso con la seguridad y contra la corrupción institucional”, sostuvo el ministro, quien reconoció el trabajo del Ministerio Público de la Acusación: “Fue una investigación muy prolija y seria, que apoyamos completamente”.

Según explicaron, la maniobra habría generado un perjuicio estimado en 45 millones de pesos mensuales, sobre un total de 380 millones asignados al patrullaje. Cococcioni afirmó que, aunque se mejoraron los controles y se incrementó la presencia policial en calle, muchos protocolos fueron incumplidos, lo que facilitó el fraude.

En el marco de la intervención, fueron desplazados el jefe y subjefe de la UR II, y varios jefes y agentes quedaron a disponibilidad preventiva. “La inversión en seguridad va de la mano de controles estrictos”, subrayó el ministro.

“Una organización dentro de la estructura policial”

El fiscal regional Matías Merlo confirmó que se realizaron 38 allanamientos, muchos de ellos simultáneos, y que el objeto fue desarticular “una organización dentro de la estructura policial” que utilizaba sus atribuciones para perjudicar al Estado.

“A mayor patrullaje, mayor consumo de combustible. Allí estaba la oportunidad que aprovecharon los responsables logísticos para apropiarse de fondos públicos”, explicó Merlo.

Por su parte, el fiscal José Luis Caterina indicó que la causa se inició a partir de una denuncia anónima y confirmó que fueron secuestradas unas 300 tarjetas Visa Flota en domicilios particulares, que deberían estar asignadas a los choferes para cargar combustible. También señaló que una estación de servicio y sus propietarios están seriamente comprometidos.

“La mayoría de los efectivos detenidos son jerárquicos. No están involucrados ni el jefe ni el subjefe de la unidad, aunque sí fueron separados de sus funciones”, aclaró Caterina.

Finalmente, Cococcioni concluyó: “Debemos garantizar que cada peso que los contribuyentes destinan a seguridad sea efectivamente utilizado para ese fin. La necesidad de ejemplaridad en la función pública suma gravedad a la situación”.