Este miércoles a las 10, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno se conocerán las ofertas para concesionar la Autopista Santa Fe-Rosario. El pliego, que fue adquirido por cuatro empresas, prevé la repavimentación completa de la calzada.

Además establece la “concesión por peaje de la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, gerenciamiento y explotación de la autopista provincial (AP) 01 Brigadier General Estanislao López”.

Los grupos que se interesaron -y compraron efectivamente el pliego- fueron Iecsa y otros, de Buenos Aires; Supercemento y otros; JCR SA - Helpport SA (UTE) - Guerechet, de esta ciudad; y una unión transitoria de empresas integrada por Milicic SA - Laromet - Pecam, Obrin SA y otros de Rosario.

Detalles del pliego

El pliego de la licitación fija una duración de la concesión de 10 años y prevé la repavimentación completa de la autopista y la construcción de accesos a las ciudades de Capitán Bermúdez, San Lorenzo y Santo Tomé, a través de un fondo de obras.

Además, contempla readecuaciones hidráulicas en las intersecciones con los arroyos Colastiné, Bragado y de Los Padres. En igual sentido, prevé la colocación de 15 mil nuevos árboles y cinco mil arbustos en los dos primeros años de concesión.

El futuro concesionario deberá también mantener un corredor ambiental en ambos costados de las calzadas para la generación y mantenimiento de la biodiversidad, a fin de recomponer el estado original de la región.

Transición polémica

La licitación pública se puso en marcha una vez concluido el vínculo contractual con la anterior concesionaria Aufe. Pero hasta tanto esté concluido el proceso que dé con la nueva operadora, el gobierno de Hermes Binner resolvió contratar de manera directa a dos empresas -Edeca y Supercemento- para que se hiciesen cargo del servicio hasta fin de año.

La decisión causó polémica dentro y fuera del Frente Progresista. Pero fue sobre todo el justicialismo el que criticó con dureza la decisión por improvisada y desprolija, y hasta llevó el caso a la Justicia para que determine si se cometió algún delito.

Desde el Partido Justicialista anticiparon que en las próximas horas presentarían documentación ampliatoria al fiscal para que determine si en la contratación directa hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sobre esa base, el legislador Luis Rubeo consideró que sería pertinente que el Poder Ejecutivo suspenda el proceso licitatorio, hasta tanta la Justicia dé su veredicto.


Fuente: www.santafe.gov.ar